La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la vicealcaldesa y 13 regidores de La Romana un recurso de casación mediante anula un reajuste salarial de 15 mil pesos por cabeza y que cobraron durante enero-noviembre del 2025, 11 meses.
En ese sentido, la sentencia SCJ-TS-26-0283 obliga a los ediles devolver un total de dos millones 300 mil pesos (RD$ 2,300,000 millones) a las arcas del cabildo romanense.
La sentencia fue dictada el 13 de febrero de 2026, rechazando el recurso que buscaba validar los incrementos salariales, dejando en firme la decisión dictada por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil de La Romana, quien ya había declarado la ilegalidad estos aumentos.
La devolución de los valores excedentes cobrados es de 165 mil pesos por cada uno de los 13 regidores y la vicealcaldesa.
Conforme a la sentencia, el alcalde Eduardo Kery Metivier debe proceder a descontar y restituir al erario municipal la suma total de RD$2,300,000.00, dinero que fue cobrado por los ediles de manera injustificada, tal cual señala el ordinal segundo de la sentencia primigenia.
El caso se remonta a principio del 2025, cuando la sociedad civil y diversos sectores repudiaron el aumento salarial.
Los abogados Wanchy Medina y Máximo Alburquerque argumentaron con éxito que los funcionarios municipales violaron el Artículo 140 de la Constitución al legislar en su propio beneficio. Tras conocerse el dictamen de la Suprema Corte, el abogado Wanchy Medina expresó su satisfacción por el respeto a la legalidad.
“Este fallo no es solo una victoria jurídica, es un triunfo para el ciudadano de La Romana y para la institucionalidad del país. Hemos demostrado que ningún funcionario, por más poder que ostente, está por encima de la Constitución”, manifestó el abogado Medina.
De inmediato, procedió a intimar al alcalde a cumplir con el descuento dictado del modo y manera que ordenó la SCJ.
Los regidores y la vicealcaldesa fueron representados por abogados de la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE).
Por su parte, el jurista Máximo Alburquerque destacó la importancia de la devolución de los fondos que deben retornar a las arcas municipales para ser invertidos en obras y servicios para la comunidad, no en salarios aprobados unilateralmente.
Alburquerque indicaron que, de esta manera, se cierra un capítulo de arbitrariedad en la gestión local.
“Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, se agotan las vías ordinarias de apelación, convirtiendo la sentencia en irrevocable y de ejecución inmediata”, sostuvo.
Expertos en derecho administrativo señalan que este fallo representa una victoria contra la discrecionalidad administrativa en los gobiernos locales.
Manifestaron que la sentencia subraya que la autonomía municipal no es absoluta y está supeditada al control jurisdiccional y al cumplimiento de la ley orgánica que rige a los ayuntamientos.
