La movilización también busca rendir homenaje a las luchas históricas que marcaron el rumbo del país, desde la Sociedad Secreta La Trinitaria, fundada por Juan Pablo Duarte, hasta la expedición de Playa Caracoles liderada por Francisco Alberto Caamaño.
La convocatoria del MPD y sus dirigentes promete marcar la jornada de este domingo. La Plazoleta La Trinitaria comienza a recibir manifestantes y la presencia de policías ya anticipa un ambiente cargado de tensión y simbolismo.
El eje central: salarios dignos y el rescate de la soberanía del pueblo dominicano.
La movilización también busca rendir homenaje a las luchas históricas que marcaron el rumbo del país, desde la Sociedad Secreta La Trinitaria, fundada por Juan Pablo Duarte, hasta la expedición de Playa Caracoles liderada por Francisco Alberto Caamaño.
La expectativa, la memoria y los reclamos sociales se entrelazan en una cita que promete ser clave.
La coordinadora general del Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras, afirmó que la implementación de una política pública seria y transversal es indispensable para garantizar la igualdad de género en la República Dominicana, al considerar que las acciones actuales no responden a una estrategia real ni integral del Estado.
Se planteó que dicha política debe comenzar desde el Ministerio de Educación, con el objetivo de que docentes formen a niños, niñas y jóvenes bajo una perspectiva de igualdad, equidad y equilibrio entre hombres y mujeres, como base para una transformación social sostenida.
Asimismo, se advirtió que la responsabilidad no recae en una sola institución, sino en el Estado en su conjunto, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales mantienen una deuda histórica al no apropiarse plenamente del enfoque de igualdad de derechos.
En ese contexto, se llamó a fortalecer el rol rector del Ministerio de la Mujer, al tiempo que se reclamó mayor claridad sobre las prioridades de la actual gestión, así como una mayor articulación con la sociedad civil para exigir políticas efectivas.
Finalmente, se alertó sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres y se cuestionó cuántas víctimas se han registrado en lo que va del año, subrayando la urgencia de pasar del discurso a acciones concretas.
María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, dijo que la soberanía auténtica y la construcción de una democracia con contenido social y humanista son pilares fundamentales para el país.
Cabrera sostuvo que la actividad busca reivindicar una democracia que garantice justicia social, fortaleza institucional y una mirada política centrada en el humanismo, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de unir voluntades frente a lo que calificó como injerencias externas en el Caribe y América Latina.
“Cuando las botas intrusas del imperio se mueven como perro por su casa, hay que unir esfuerzos y acciones para defender la soberanía nacional”, expresó.
En cuanto a la corrupción, la dirigente reconoció que sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, aunque valoró el creciente nivel de conciencia ciudadana sobre su impacto en la vida cotidiana. Señaló que el hecho de que la corrupción figure como una de las mayores preocupaciones en estudios de opinión refleja una mayor comprensión del daño que provoca a las aspiraciones colectivas.
Cabrera citó como caso reciente de alto impacto el de Senasa, y afirmó que la ciudadanía espera una investigación profunda, a la que se refirió como “Senasa 2.0”, que garantice que ninguna persona involucrada en hechos de corrupción quede sin sanción.
Finalmente, subrayó que, ante un sistema de justicia que —a su juicio— tiende a la impunidad, la presión social y la movilización permanente son herramientas claves para garantizar que se haga justicia en el país.
“No podemos bajar la guardia; hay que mantenerse atentos y dispuestos a movilizarnos”, concluyó.
La representante del grupo intercomunal El Naranjo, Yoly Javier, denunció una serie de atropellos contra comunidades de la provincia Sánchez Ramírez, vinculados a la actividad minera, la falta de agua potable y presuntas amenazas de desalojo.
Javier afirmó que dirigentes y autoridades, entre ellos Ricardo de los Santos, niegan la situación real que vive Cotuí, donde no existe un acueducto múltiple ni acceso regular al agua. En ese contexto, cuestionó el proyecto para llevar líquido desde la Presa de Hatillo al Nuevo Santo Domingo, advirtiendo que el embalse no es apto para consumo humano por su nivel de contaminación.
La dirigente comunitaria atribuyó gran parte de los daños ambientales a la minería, señalándola como principal fuente de contaminación en la provincia. Indicó que residentes han sido trasladados a sectores como Nuevo Horizonte, donde carecen de tierras para trabajar, lo que ha provocado graves afectaciones sociales y emocionales.
Javier también criticó el deterioro de las carreteras, la falta de servicios básicos y la ausencia de respuestas oficiales, al tiempo que cuestionó el papel de algunos comunicadores locales por minimizar la situación. Finalmente, llamó a la solidaridad nacional y a la vigilancia ciudadana para frenar los desalojos, exigir agua potable y demandar responsabilidades por los daños ambientales y sociales en Sánchez Ramírez.
