Dos semanas después de que el cantante Julio Iglesias quedara en el centro de la polémica tras la publicación de una investigación periodística que reveló denuncias de agresión sexual presentadas por dos mujeres que trabajaron para él en 2021, el caso ha sumado un nuevo frente. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto una inspección relacionada con los visados con los que algunos empleados del artista viajaron a España.
Las denuncias, que llegaron a la Fiscalía española, apuntan a posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, además de infracciones contra la libertad y la indemnidad sexual, como acoso y agresión sexual. No obstante, la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias al considerar que no existía jurisdicción para continuar el procedimiento en España.
Cuando parecía que la situación judicial quedaría en suspenso en territorio español, el Ministerio de Exteriores decidió iniciar una investigación administrativa tras conocerse que Iglesias habría solicitado en el consulado de España en República Dominicana visados Schengen para trabajadores domésticos, algunos de ellos en régimen interno. Según la normativa vigente, este tipo de visado no permite trabajar ni realizar actividades lucrativas durante la estancia, que además no debe exceder los 90 días.
De acuerdo con la información publicada, estas personas habrían desempeñado labores en la residencia del cantante en Málaga, conocida como “Cuatro Lunas”, lo que habría motivado la apertura de la inspección. Fuentes del Ministerio confirmaron que, tras tener conocimiento de los hechos, la Inspección General de Servicios inició las actuaciones correspondientes para verificar si se produjo un uso indebido de los visados.
En medio de la controversia, Julio Iglesias ha manifestado públicamente que el daño a su imagen ya está hecho y que las consecuencias han sido irreparables tanto en el plano personal como profesional. El artista ha lamentado que, a su juicio, la presunción de inocencia no haya sido respetada y ha cuestionado el impacto mediático de las acusaciones antes de que exista una resolución judicial definitiva.
El cantante ha optado por mantener un perfil bajo mientras evalúa los próximos pasos junto a su equipo legal, que analiza las informaciones publicadas y no descarta emprender acciones si considera que se le ha causado un perjuicio injustificado. Por el momento, la investigación administrativa de Exteriores sigue su curso, mientras el caso continúa generando debate público en torno a la responsabilidad legal, mediática y ética de figuras públicas.
