El magistrado Hendrich Ramírez, director de la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría Fiscal de La Altagracia, afirmó que en República Dominicana no es posible abrir un proceso judicial contra el cantante Julio Iglesias si no existen denunciantes debidamente identificados. “Tenemos que saber quiénes son las víctimas, ubicarlas y realizar el protocolo correspondiente para la investigación”.
Ramírez ofreció estas declaraciones en exclusiva a N Digital, al precisar que la ausencia de querellantes imposibilita iniciar cualquier investigación penal en el país.
Estas afirmaciones se producen luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivara la denuncia interpuesta contra el artista por dos exempleadas domésticas que trabajaron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. Las denunciantes lo acusaban de presunto maltrato laboral, trata de personas y abusos sexuales, entre otros delitos.
El archivo del expediente se fundamentó en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer los hechos denunciados.
“En casos de esta naturaleza, son esenciales las declaraciones y las evaluaciones a ellas”, añadió Ramírez.
El magistrado reiteró que la identificación y localización de las presuntas víctimas es un requisito indispensable para que las autoridades dominicanas puedan actuar conforme a la ley.
La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la justicia española y contó con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
En el expediente, además del cantante, de 82 años, también se señalaba a varias encargadas de sus mansiones, acusadas de haber actuado como presuntas colaboradoras. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en propiedades del artista ubicadas en el Caribe.
Según el escrito, los delitos atribuidos podrían constituir trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, entre ellos acoso y agresión sexual. También se mencionan lesiones y violaciones a los derechos laborales por la supuesta imposición de condiciones abusivas.
Aunque los presuntos hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, la denuncia fue presentada ante la Audiencia Nacional española amparándose en la nacionalidad del artista.
Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no se cumplían los criterios de competencia territorial necesarios para continuar con la investigación. Por ello, el archivo no evalúa el fondo de las acusaciones, sino que responde exclusivamente a una cuestión de jurisdicción.
