Santo Domingo. – La mañana de este viernes, residentes del barrio Libertad, ubicado en Andrés, Boca Chica, realizaron una rueda de prensa frente al Palacio Nacional para pedir al Gobierno que detenga los desalojos que, aseguran, amenazan con dejar en la calle a miles de familias que llevan años viviendo en esa comunidad.
La actividad fue encabezada por Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien estuvo acompañado por representantes de la UCD Urbana y Popular, así como de organizaciones comunitarias de La Caleta y otras zonas aledañas.
Mercedes denunció que se pretende desalojar a familias que han ocupado esos terrenos de manera ininterrumpida durante 15 y hasta 20 años, donde ya existen servicios básicos como luz, agua, escuelas e iglesias. A su juicio, se trata de una persecución contra los sectores más pobres y vulnerables.
“Parece ser que los demonios están sueltos en materia de persecución de los pobres y de los grupos vulnerables, porque después que una comunidad tiene 15, 20 años ocupando un terreno de manera ininterrumpida, entonces aparecen supuestos dueños que nunca durante todos esos años habían aparecido”, expresó.
El dirigente de derechos humanos criticó la actuación de la Oficina del Abogado del Estado, la cual, según dijo, ha estado emitiendo de manera masiva órdenes de desalojo contra familias humildes, pese a las quejas elevadas ante el Consejo del Ministerio Público.
Indicó que dicha dependencia, adscrita a la Procuraduría General de la República, estaría prestándose a ejecutar desalojos sin que se haya realizado un avalúo conforme a las normas procesales de las jurisdicciones inmobiliarias.
Mercedes reveló que en los próximos días se prevé el desalojo de al menos 11 familias, ya autorizados con el uso de la fuerza pública, aunque estas se encuentran dispuestas a llegar a acuerdos con los supuestos propietarios, cuya titularidad, afirmó, aún no ha sido debidamente determinada.
Durante la rueda de prensa, el presidente de la CNDH solicitó formalmente al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos que, según explicó, son del Estado o han sido ocupados por ciudadanos en los últimos cinco años. Señaló que esta petición será entregada vía el viceministro de la Presidencia para Asuntos Sociales, Alexis Jiménez, a fin de que intervenga en el conflicto.
“Si no se detiene esto, no va a haber paz para las familias que se pretenden desalojar, ni para el gobierno. Se lo estamos advirtiendo al presidente Luis Abinader, que prometió soluciones y hasta ahora ha sido más espuma que chocolate”, manifestó.
Mercedes advirtió que, de no obtener una respuesta concreta, las organizaciones convocantes intensificarán sus protestas y acudirán en masa al Palacio Nacional. Incluso, sostuvo que cada familia desalojada podría ocupar áreas cercanas como forma de presión.
El dirigente también cuestionó la falta de claridad sobre la propiedad de los terrenos y pidió la apertura de expedientes inmobiliarios específicos para esclarecer la situación legal.
“¿Cuántos dueños se están presentando? ¿Quiénes son? Hay diferentes dueños. Lo que pedimos es transparencia y que se respete el debido proceso”, afirmó.
Los comunitarios reiteraron su llamado al Gobierno para que intervenga de manera urgente y evite lo que califican como una crisis social inminente en sectores como Barrio Libertad, Nuevo Jerusalén y La Caleta, donde cientos de familias podrían quedar sin techo en los próximos días.
