El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la extradición de Esteffani José Vásquez Amarante, alias “Ethian”, quien fue trasladado para responder ante un tribunal federal en Puerto Rico por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
El proceso se concretó 49 días después de que el imputado aceptara de manera voluntaria su extradición. Durante ese lapso permaneció bajo custodia mientras las autoridades dominicanas agotaban los procedimientos legales correspondientes, los cuales quedaron formalmente concluidos el pasado 14 de enero. Vásquez Amarante había sido detenido el 6 de noviembre de 2025 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cumplimiento de una solicitud emitida por las autoridades estadounidenses.
Según la acusación presentada en el Distrito de Puerto Rico, el extraditado es señalado como presunto integrante de una red dedicada al envío de drogas hacia Estados Unidos. Los fiscales sostienen que podría enfrentar una condena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico, además de una posible pena adicional de hasta 20 años por lavado de activos. No obstante, el Estado dominicano dejó constancia de que no podrá imponerse la pena de muerte, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Constitución.
El fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, destacó que la extradición representa un avance importante en el combate al crimen organizado transnacional y subrayó el valor de la cooperación entre ambos países. De igual modo, la agente especial interina del FBI en San Juan, Claudia Dubravetz, afirmó que ninguna persona involucrada en actividades criminales podrá eludir la justicia, sin importar el uso de influencias, herramientas financieras o fronteras internacionales.
De acuerdo con la acusación emitida por un gran jurado federal el 7 de septiembre de 2023, Vásquez Amarante habría participado en una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con pleno conocimiento de que la sustancia sería introducida en territorio estadounidense. Las investigaciones indican que la presunta red operaba desde 2022, mientras que las actividades de lavado de dinero se habrían iniciado, al menos, en marzo de 2021.
Al momento de su detención, el imputado estaba casado con la diputada Jacqueline Fernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien negó cualquier vinculación con el caso y aseguró públicamente que ambos estaban separados y llevaban vidas independientes. En tanto, su padre, José María Vásquez Montero, juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo, manifestó su confianza en el sistema judicial de Estados Unidos y afirmó que, de comprobarse los hechos, su hijo deberá asumir las consecuencias que establece la ley.
