NUEVA YORK – Una coalición de 74 organizaciones que defienden los derechos civiles y humanos enviaron una carta a los principales líderes en el Congreso de Estados Unidos para exigir que tomen medidas “inmediatas” para controlar y responsabilizar a la Administración Trump “por su campaña ilegal y continua” contra los inmigrantes que ha generado “terror” en las comunidades.
Las entidades argumentaron en la misiva que, tanto la muerte de Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, a manos de un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), así como el tiroteo en Portland, Oregon, contra dos venezolanos por parte de un oficial de la Patrulla Fronteriza (CBP), han elevado los cuestionamientos sobre el uso de fuerza por parte de las autoridades federales.
A juicio de los activistas, la falta de rendición de cuentas pública y de desinformación difundida por funcionarios sobre los acontecimientos recientes sugieren que los derechos constitucionales de las personas son “irrelevantes” si se trata de operativos de control migratorio.
Los miembros de la coalición entienden que es “obvio” que el Congreso tiene la autoridad, según la Constitución, para imponer condiciones al Poder Ejecutivo, y, que si no cumplen con su deber de supervisión, son responsables de las consecuencias.
“Estas acciones y esta actitud son inaceptables y antiamericanas. Dados los patrones continuos de imprudencia, violencia y perjuicio, incluidas cifras récord de muertes bajo custodia de inmigración, continuos y graves ataques contra ciudadanos estadounidenses y comunidades inmigrantes, y discriminación racial flagrante, , el Congreso no debe, en este momento, otorgar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un cheque en blanco. En cambio, el Congreso debe promulgar salvaguardias claras y aplicables en las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026 u otra legislación que proteja los derechos constitucionales, garantice la transparencia y frene el abuso de poder que vemos a diario en todo el país”, lee parte de la carta con fecha del 15 de enero que encabeza UnidosUS.
En ese sentido, los grupos cuestionaron el aumento en recursos, incluyendo $170,000 millones de dólares y 10,000 agentes adicionales a ICE, el año pasado, a través del Congreso para la ejecución de la ley migratoria.
“Los resultados de este aumento de financiación han sido predecibles y alarmantes. Agentes poco cualificados y mal entrenados, que operan bajo un liderazgo agresivo y sin rendición de cuentas, están sembrando el caos y el miedo, y cometiendo violaciones flagrantes del debido proceso”, alertaron en el documento.
Entre los pedidos específicos a los líderes está que los legisladores aborden el uso indebido de los datos públicos y la creciente vigilancia masiva que busca crear expedientes con información personal sensible, “incluyendo escaneos faciales, escaneos de iris, huellas de voz, ADN, huellas dactilares y otros datos biométricos, tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses”.
Los suscribientes también cuestionaron las acciones tomadas por el Gobierno para que agencias federales reutilicen datos administrativos de impuestos, licencias de conducir y otros servicios públicos para adelantar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
“Estas prácticas disuaden a todos los residentes, incluidos los ciudadanos estadounidenses, de pagar impuestos, acceder a servicios vitales y ejercer sus derechos, y representan una grave amenaza para las protecciones de privacidad y debido proceso consagradas en las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución”, expusieron.
Las entidades también le pidieron al Congreso responder al uso ilegal de fuerzas militares en distintas ciudades de EE.UU., principalmente demócratas.
“Aunque la Corte Suprema limitó recientemente los fundamentos legales para el despliegue de tropas, efectivos de la Guardia Nacional y agentes federales tácticos han sido desplegados en ciudades estadounidenses para tareas de control migratorio, despliegues que ignoran las limitaciones de larga data sobre la participación militar en la aplicación de la ley en el ámbito civil. En lugar de preservar la seguridad pública, estas operaciones están provocando enfrentamientos, intimidando a las comunidades e intentando normalizar el uso inapropiado de la fuerza en entornos civiles”, señalaron.
Las organizaciones pidieron que,como parte de los proyectos de ley para financiar el gobierno federal en el año fiscal 2026 que están siendo evaluados al momento, se incluyan provisiones para proteger a las comunidades del abuso de poder de las autoridades.
Aparte de prohibir el despliegue de personal y otros recursos militares, los solicitantes emplazaron a los congresistas a legislar para codificar las restricciones a redadas y operativos en lugares sensibles, como escuelas, hospitales, tribunales y lugares de culto.
También consideraron necesario prohibir que funcionarios de inmigración detengan y arresten a personas sin una orden judicial, y exigir que los oficiales documenten claramente la causa probable en cada arresto o detención.
Los activistas mencionaron en la carta la necesidad de acción congresional para que los agentes no utilicen máscaras al momento de las intervenciones y que se les exiga la portación de insignias de identificación claras, cámaras corporales y cámaras de salpicadero en sus patrullas (dashcams).
Otro pedido de los firmantes fue suspender los acuerdos 287(g) entre ICE y jurisdicciones locales y estatales que autorizan a estos últimos a ejercer ciertas funciones de aplicación de la ley migratoria federal hasta tanto se implementen mecanismos de supervisión independiente y medidas estrictas de rendición de cuentas.
Otras solicitudes, bajo el subtema “Restaurar el debido proceso”, fueron requerir estándares de capacitación rigurosos para los agentes de inmigración, incluyendo capacitación en técnicas de desescalada, verificaciones exhaustivas de antecedentes y el restablecimiento de los estándares de contratación; prohibir el uso de bonificaciones en efectivo como incentivos de contratación y exigir informes precisos y transparentes e investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas en centros de detención.
Los líderes comunitarios también consideraron clave reformar la inmunidad calificada para que los ciudadanos estadounidenses y otras personas sometidas a arrestos, agresiones o detenciones ilegales por parte de agentes federales puedan buscar reparación más fácilmente por violaciones de ley o constitucionales.
La inmunidad calificada es una doctrina legal que protege a funcionarios, como policías, de demandas civiles por actos realizados en el cumplimiento de su deber, a menos que hayan violado un derecho constitucional o estatutario.
La carta fue dirigida al líder de la mayoría en el Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), al líder de la minoría en ese mismo cuerpo legislativo, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York); al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Louisiana) y al líder de la minoría en ese organismo, Hakeem Jeffries (demócrata por NY).
Trase el envío de la misiva, las organizaciones realizaron una conferencia en la que insistieron en su llamado de rendición de cuentas, defensa de derechos constitucionales y contra el abuso de poder.
“El abuso de poder que hemos presenciado durante el último año por parte de esta Administración es ilegal, inaceptable y antidemocrático”, declaró Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS.
“Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y, más recientemente, en Minneapolis, nos hace sentir que esta Administración ha declarado la guerra a nuestra comunidad y que estamos siendo atacados por nuestro propio Gobierno. Por eso, esta coalición exige que el Congreso utilice sus facultades de supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y exigir responsabilidades a la administración”, añadió la portavoz.
