El Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta una de las denuncias más sensibles de su historia reciente, luego de que saliera a la luz que medicamentos de alto costo, donados para ser suministrados gratuitamente a pacientes con cáncer, habrían sido almacenados hasta su vencimiento o incluso vendidos, bajo el argumento de que su entrega sin costo no generaba rentabilidad para la institución. Las revelaciones forman parte de una serie de irregularidades atribuidas a la pasada administración y documentadas en auditorías internas, testimonios médicos y querellas depositadas ante el Ministerio Público.
Según la actual dirección del centro, numerosos fármacos oncológicos, incluidos medicamentos biológicos de alto valor, llegaron como donaciones de pacientes, familiares y entidades solidarias, con el propósito de apoyar a personas de escasos recursos. Sin embargo, en lugar de utilizarse oportunamente, muchos de estos insumos permanecieron almacenados hasta vencer, mientras otros se comercializaron en la farmacia interna del instituto.
Medicamentos vencidos y pérdidas millonarias
Durante un levantamiento reciente, la nueva directiva mostró una cantidad significativa de medicamentos vencidos, valorados en más de tres millones de pesos. Estos fármacos nunca beneficiaron a ningún paciente. Según los testimonios, la decisión de no distribuirlos respondía a una lógica puramente comercial, basada en que entregar medicamentos donados afectaría las ventas de los productos de la institución.
Esta práctica, además de generar pérdidas económicas, habría tenido un impacto directo en la atención de pacientes oncológicos. Muchos de ellos enfrentaban serias dificultades para costear sus tratamientos. Esto habría prolongado las esperas y agravado su condición de salud.
Denuncias de la dirección médica
Parte de la dirección médica del Oncológico del Cibao denunció que las decisiones relacionadas con el manejo de medicamentos y otras irregularidades se señalaron oportunamente a la administración anterior. No obstante, los profesionales que alzaron la voz enfrentaron represalias, incluyendo cancelaciones arbitrarias de personal esencial, como coordinadores y supervisores de la residencia médica.
Algunos médicos relataron que fueron destituidos mediante notificaciones informales, incluso por mensajes de WhatsApp, pese a ocupar roles clave en la formación de nuevos especialistas. Estas cancelaciones afectaron directamente la operatividad quirúrgica del centro. Como consecuencia, se produjo una acumulación significativa de pacientes. Dos de los principales cirujanos del instituto quedaron fuera, agravando la situación en el área quirúrgica.
Jornadas externas para no abandonar a los pacientes
Ante la imposibilidad de atender todos los casos dentro de la institución, el personal médico coordinó jornadas quirúrgicas en otros centros de salud. El objetivo era evitar retrasos en cirugías oncológicas y garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes. Según los médicos, estas acciones se realizaron para no “dejar a los pacientes a su suerte”, pese a la falta de recursos y personal.
Irregularidades administrativas más amplias
El caso de los medicamentos vencidos se suma a un panorama más amplio de presuntas irregularidades administrativas y financieras. Una auditoría forense atribuye a la pasada gestión un déficit superior a 800 millones de pesos. Entre los hallazgos figuran desvío de fondos, sobrevaluación de insumos, colusión con proveedores, reventa de productos importados por el centro y uso de exenciones fiscales que generaban sobrecostos.
