Minnesota e Illinois presentaron demandas por separado este lunes contra la administración del presidente Donald Trump, al sostener que la intensificación de las operaciones migratorias federales está generando temor en sus comunidades y vulnerando derechos constitucionales, ambos estados solicitaron a la Justicia una orden para frenar las actuaciones de las autoridades migratorias en sus territorios.
“Hemos visto con horror cómo agentes federales sin control han atacado y aterrorizado agresivamente a nuestras comunidades y vecindarios en Illinois, socavando los derechos constitucionales y poniendo en riesgo la seguridad pública”, declaró el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker.
Las ciudades de Chicago, Minneapolis y Saint Paul también se sumaron a las demandas contra la administración Trump. El Gobierno federal ha intensificado sus operativos en Chicago y en las Ciudades Gemelas, bastiones demócratas, durante los últimos meses.
Funcionarios locales han acusado a las autoridades federales de sembrar caos y confusión. Un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada en Minneapolis dejó como saldo la muerte de una madre de tres hijos y desencadenó protestas en distintas partes del país.
Las demandas fueron presentadas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su secretaria, Kristi Noem, y varias agencias dependientes, entre ellas ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza, Minnesota e Illinois argumentan que las operaciones exceden el marco legal y afectan directamente la seguridad pública y la autonomía estatal.
Desde el Gobierno federal, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que la Constitución respalda la actuación de la administración. En un comunicado emitido el lunes en respuesta a las demandas, afirmó que el aumento de agentes federales era necesario porque, según dijo, las autoridades de Illinois y Minnesota no estaban protegiendo adecuadamente a sus ciudadanos.
Las demandas alegan que las operaciones migratorias, calificadas como sin precedentes, violan la Décima Enmienda al imponer cargas indebidas a los estados y apropiarse de recursos locales, según los escritos judiciales, las “tácticas ilegales y violentas han perturbado la vida cotidiana y socavado las libertades y los derechos de propiedad de las personas”, además de impedir que los gobiernos locales apliquen las políticas respaldadas por sus electores.
En el caso de Minnesota, la demanda subraya la presión ejercida sobre los cuerpos policiales locales. Según el documento, Minneapolis y Saint Paul se han visto obligadas a desviar agentes de sus funciones habituales para responder a incidentes relacionados con la aplicación de leyes federales de inmigración, debilitando los esfuerzos para garantizar la seguridad comunitaria.
“El despliegue de agentes federales armados, enmascarados y mal entrenados constituye una invasión federal”, afirmó el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de acuerdo con un informe previo de CNN citado en la demanda, alrededor de 2.000 agentes federales fueron desplegados en Minneapolis, una cifra que, según el escrito, “supera con creces el número de policías juramentados que Minneapolis y Saint Paul tienen en conjunto”.
La demanda también detalla que los agentes de la policía local han acumulado miles de horas extra como consecuencia directa de la presencia federal, lo que ha supuesto un costo superior a los dos millones de dólares para la ciudad.
Ambos estados sostienen además que la represión migratoria responde a motivaciones políticas. La demanda de Minnesota afirma que la llamada Operación Metro Surge no constituye una acción legítima de aplicación de la ley, sino un intento de “tomar represalias” contra un estado gobernado por demócratas.
El escrito cita declaraciones del presidente Trump que, a juicio de los demandantes, evidencian una intención de castigar a jurisdicciones con políticas de santuario. Illinois presentó argumentos similares, señalando que la administración ha dirigido durante años mensajes “amenazantes y despectivos” hacia estos territorios.
“El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea el alcalde, el gobernador o el fiscal general”, replicó McLaughlin.
Las demandas también denuncian la retención de fondos federales, incluidos recursos destinados a programas sociales, como represalia por no alinearse con las políticas migratorias del Gobierno. “Los acusados han hecho reiteradas declaraciones que reflejan su verdadera intención: castigar a funcionarios electos y residentes de Minnesota por sus supuestas inclinaciones políticas”, sostiene la denuncia de ese estado.
Las querellas describen además tácticas que, según los estados, han aterrorizado a las comunidades. Illinois y Chicago acusan al DHS de haber abandonado políticas de larga data y de emplear métodos “arbitrarios y caprichosos”, como patrullajes itinerantes, escaneos biométricos y arrestos sin orden judicial. También se denuncian incursiones en propiedades privadas y el uso de agentes antidisturbios contra personas que no ofrecían resistencia.
Según las demandas, estas acciones han generado temor generalizado entre los residentes, al ver “personal uniformado, entrenado militarmente y portando armas de fuego semiautomáticas y armamento de grado militar” desplegado en zonas urbanas. La denuncia de Minnesota sostiene que agentes del DHS “aterrorizaron ilegalmente” a las comunidades de las Ciudades Gemelas incluso horas después de la muerte por disparos de una ciudadana estadounidense, Renee Good, de 37 años, a manos de un agente de ICE.
La demanda también alega prácticas de discriminación racial, especialmente contra comunidades somalíes e hispanas. Entre los casos citados figura la detención de un ciudadano somalí-estadounidense identificado como Mubashir, quien habría sido retenido durante dos horas pese a solicitar reiteradamente mostrar su identificación legal.
Minnesota e Illinois reconocen que han convivido durante décadas con la aplicación de leyes migratorias federales bajo distintas administraciones, pero sostienen que la magnitud y la intensidad actuales no tienen precedentes. Según las demandas, el comportamiento de los agentes se asemeja más al de “ocupantes que al de fuerzas del orden”, lo que ha disuadido a residentes, independientemente de su estatus migratorio, de utilizar servicios públicos o realizar actividades cotidianas.
Los estados advierten que no se vislumbra un final para las operaciones. En Illinois, funcionarios federales han señalado que no planean retirarse. “Si crees que hemos terminado con Chicago, será mejor que lo pienses dos veces”, declaró recientemente un comandante de la CBP. De acuerdo con la demanda de Minnesota, el DHS ha reiterado en redes sociales que no se irá “hasta que se resuelva el problema”.
