La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a varias cadenas de farmacias por el desfalco cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), un caso que impacta a más de siete millones de personas, en su mayoría población vulnerable y pacientes con enfermedades catastróficas.
De acuerdo con una fuente vinculada a la investigación, el Ministerio Público tiene bajo pesquisas a diversas cadenas de farmacias, especialmente una que habría presentado cobros por grandes cantidades de facturas que no contaban con indicaciones médicas.
“Como parte de la Operación Cobra, tenemos bajo investigación a varias cadenas de farmacias, en especial una que presentó a cobro grandes volúmenes de facturas que ni siquiera tenían indicaciones del medicamento”, detalló la fuente a este diario.
Esquema criminal
La investigación penal, que supera las 500 páginas del caso Senasa, revela la existencia de un esquema criminal complejo y sostenido en el tiempo, que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud, mediante prácticas fraudulentas, manipulación de procesos administrativos y desvío de fondos públicos destinados a la atención en salud de millones de dominicanos.
Según el expediente, las acciones fraudulentas se ejecutaron a través de mecanismos deliberadamente diseñados para aparentar legalidad. Entre ellos figuran incrementos manipulados, omisiones intencionales, decisiones contrarias a la normativa vigente y la coordinación de actores internos y externos a la institución.
Las autoridades sostienen que estas prácticas vulneraron los principios de legalidad, transparencia, integridad y buena administración pública, afectando no solo el patrimonio del Estado, sino también la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social.
Pedimento del Ministerio Público
El Ministerio Público consideró la prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada en el caso de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados en el entramado de corrupción que se habría beneficiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en perjuicio de una institución que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, especialmente a los estratos socioeconómicos más bajos.
“Ahora deben pagar por sus atrocidades; a esas personas les estamos solicitando que se les imponga prisión preventiva, que entendemos es la medida de coerción adecuada para este proceso”, sostuvo la madrugada de este sábado el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El funcionario explicó que el órgano persecutor concluyó la lectura de la solicitud de medidas de coerción a los arrestados en la Operación Cobra, en la cual se solicita prisión preventiva para Hazim Albainy y otros implicados.
