La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que restringe la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres en situación ilegal o temporal, se ajusta a la Constitución. La medida, firmada el 20 de enero en el inicio de su segundo mandato, aún no ha entrado en vigor debido a fallos judiciales previos que anularon sus disposiciones.
El máximo tribunal escuchará en primavera la apelación presentada por la administración Trump contra la decisión de un tribunal inferior, y se espera un fallo definitivo a inicios del verano.
Esta orden forma parte de una ofensiva más amplia en materia migratoria, que incluye el incremento de operativos en diversas ciudades y la inusual activación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII.
El gobierno enfrenta varias demandas relacionadas con estas políticas, y las decisiones recientes de la Corte han sido contradictorias: frenó los intentos de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sin audiencia a presuntos pandilleros venezolanos, pero sí autorizó reanudar redadas migratorias masivas en Los Ángeles, pese a señalamientos de detenciones basadas únicamente en raza, idioma, ocupación o lugar.
