Puerto Rico.- El conflicto se gestó cuando agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) junto con efectivos de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) realizaron un operativo en Capetillo, San Juan, que culminó con la detención de un trabajador de origen dominicano al que el líder comunitario José Rodríguez identifica como “Rondón”.
Rodríguez, presidente del Comité Dominicano por los Derechos Humanos en Puerto Rico, denuncia que la actuación careció de una orden judicial y de un debido proceso, lo que para él generó temor en la comunidad migrante.
En imágenes del operativo se observa a dos agentes de la CBP sometiendo al hombre contra el suelo. De fondo se escuchan gritos de vecinos. Una mujer de nueve meses de embarazo aparece en la escena tras ser derribada por un agente, según el activista. La mujer fue atendida médicamente y se alegó que al bebé “le bajaron los latidos”.
Rodríguez comentó que otro joven habría sido sometido con una pistola táser por parte de los agentes, y que más personas resultaron heridas. Además, denunció que los oficiales usaron perfiles raciales para seleccionar los barrios de intervención: predominan vecindarios con alta presencia dominicana como Capetillo, Río Piedras o Barrio Obrero.
Por su parte, las autoridades federales en Puerto Rico —incluyendo la Homeland Security Investigations (HSI) en San Juan— afirman que los agentes actuaron dentro de la ley, aunque en el caso de la embarazada dijeron que el oficial no sabía que ella lo estaba. Rodríguez rechazó esa versión como “totalmente falsa” basándose en el video del suceso.
El activista hizo un llamado a representantes federales como Alexandria Ocasio‑Cortez, Nydia Velázquez y Adriano Espaillat para que inicien una investigación sobre las prácticas de las autoridades migratorias en la isla. También criticó el silencio de la gobernadora Jenniffer González, quien, según él, “ha metido la cabeza en la tierra”.
El operativo ocurrió en un contexto de tensiones sociales en Puerto Rico, donde los barrios populares han denunciado con frecuencia el perfilamiento racial y las intervenciones sin garantías de proceso. Este choque pone de relieve el conflicto entre políticas migratorias federales y derechos de residentes o trabajadores dominicanos sin estatus regularizado en la isla.
El caso sigue bajo observación. Queda pendiente la respuesta oficial de las agencias involucradas y las conclusiones de una eventual investigación que podría cambiar la forma en que se realizan este tipo de operativos en Puerto Rico.
