El Gobierno de Giorgia Meloni ha ordenado de nuevo el bloqueo administrativo del barco de la ONG Mediterranea Saving Humans por desobedecer las instrucciones del Ministerio del Interior sobre el puerto de desembarque de los migrantes rescatados en el mar, en este caso 92 personas, entre ellas 31 menores.
El barco, previamente sancionado por un caso similar hace dos meses pero cuyo bloqueo fue anulado por un tribunal, decidió trasladar a los migrantes que llevaba a bordo en el puerto de Empedocle, en Sicilia (sur), en lugar de Livorno (norte), como había sido asignado, informó este jueves la ONG en un comunicado.
La ONG argumenta que el puerto asignado estaba a «630 millas náuticas, casi 1.200 kilómetros, y más de cuatro días de navegación desde el lugar del rescate», un trayecto que los migrantes no podían soportar debido a su delicada situación física y psicológica.
«Esto se nos imputa a pesar de que el médico a bordo y el mismo CIRM Telemedicina, encargado por las autoridades marítimas, certificaron que todas las personas rescatadas no podían afrontar otros tres días de navegación», se denuncia en la nota.
Además, Mediterranea Saving Humans subraya que la Fiscalía de la República en el Tribunal de Menores de Palermo (sur) había solicitado a los ministerios de Interior y Transportes que se permitiera el desembarco de los menores, muchos de ellos no acompañados, en el puerto de Empedocle.
Aún se desconoce la duración del bloqueo administrativo y si se impondrá una sanción económica, como ocurrió en el caso similar de hace dos meses.
En esa ocasión, el Ejecutivo italiano multó a la ONG con 10.000 euros y ordenó la detención administrativa del barco durante dos meses, una sanción que más tarde fue suspendida por el tribunal de Trapani, en Sicilia.
En ese momento, la ONG vivió un episodio similar cuando el 23 de agosto desembarcaron a 10 migrantes en Sicilia (sur) en lugar de en Génova (norte) alegando las malas condiciones de salud de los rescatados.
La sanción se ampara en la norma impulsada por el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, que obliga a solicitar un puerto tras cada rescate y prohíbe realizar más de una operación antes del desembarco, entre otras cosas.
Esta normativa, promovida por el Gobierno de Meloni, ha sido duramente criticada por organizaciones humanitarias por dificultar los rescates en el Mediterráneo central.
