La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que acusa al Gobierno de Nicaragua de incurrir en prácticas sistemáticas que vulneran derechos laborales, humanos y el Estado de derecho.
El documento, emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, abre la puerta a sanciones comerciales que podrían afectar de forma directa los beneficios arancelarios que Nicaragua recibe bajo el tratado DR-Cafta (tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU.), incluidos aranceles preferenciales y el uso de productos nicaragüenses en otros países.
Según el reporte, el Ejecutivo nicaragüense ha adoptado políticas que restringen libertades fundamentales, criminalizan la disidencia y debilitan las garantías judiciales. Estas acciones, señala la USTR, constituyen una interferencia irrazonable en el comercio internacional y justifican una “respuesta firme” por parte de Washington.
“El régimen de (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo se dedica a desmantelar el estado de Derecho en Nicaragua”, detaca el documento.
Entre las medidas propuestas figuran:
- Suspensión total o parcial de los beneficios del DR-Cafta, incluyendo concesiones arancelarias y acumulación de contenido nicaragüense para exportaciones regionales.
- Imposición de aranceles de hasta un 100 % a las importaciones provenientes de Nicaragua, de forma inmediata o escalonada en un plazo de hasta 12 meses.
- La USTR indicó que abrirá un proceso de consulta pública antes de definir qué acciones serán adoptadas, decisión que quedará sujeta a la dirección del presidente Donald Trump.
Impacto regional
La aplicación de estas sanciones podría alterar el equilibrio comercial en Centroamérica, especialmente en sectores como el textil, la agroindustria y la manufactura ligera. Nicaragua, que exporta más de 4,000 millones de dólares anuales a Estados Unidos, vería afectada su principal mercado externo.
Además, la medida plantea interrogantes sobre la estabilidad del D-Cafta como instrumento de integración regional, en momentos en que otros países miembros enfrentan presiones similares en materia de derechos humanos y gobernabilidad.
El USTR no da una fecha concreta para aplicar esas sanciones.
