El doble feminicidio ocurrido el pasado domingo en el sector El Milloncito, donde Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, asesinó a su esposa Mayra Martínez Romero y a su suegra Doris Librada Martínez Romero, antes de suicidarse, ha destapado una historia de impunidad que se extiende por más de cuatro décadas.
El agresor, un exsegundo teniente de la Policía Nacional y comerciante, ya había matado a su primera esposa, Ana Argelia Abreu, en 1978, cuando la víctima tenía apenas 22 años. Sin embargo, solo cumplió alrededor de dos años en prisión, lo que permitió que, 47 años después, repitiera el mismo patrón de violencia.
Un crimen que repite la historia
De acuerdo con el relato de Félix Antonio Abreu, hermano de la primera víctima, Nelson Féliz Miranda le disparó a su esposa en presencia de familiares tras una discusión en víspera de Navidad.
“Ese hecho lo quisieron manejar bajo perfil, la familia de él tenía influencia. Fue una muestra de la impunidad que reinaba en ese tiempo”, relató Abreu.
El agresor, que en ese momento era oficial activo de la Policía, fue apresado y posteriormente liberado, presuntamente con la ayuda de contactos dentro de las fuerzas del orden.
La abogada Yildalina Tatem Brache, experta en derechos humanos y violencia de género, explicó que este tipo de casos revelan cómo la protección institucional y la falta de sanción efectiva perpetúan la violencia.
“Cuando el cuerpo policial genera miedo y no confianza, se confirma la impunidad. Es una cadena que se repite porque el Estado protege a los suyos y no a las víctimas”, advirtió.
Una vida marcada por la violencia y la protección del poder
El historial criminal de Féliz Miranda incluye otras acusaciones graves. En 1970, fue señalado como parte del grupo que asaltó una sucursal del Royal Bank of Canada, en el sector Naco, aunque fue descargado por “insuficiencia de pruebas”.
En 1987, su nombre volvió a aparecer en los titulares, vinculado al asesinato de Zuleika Yanira Urraca Jiménez, en un atentado dirigido contra su padrastro, Eugenio Díaz Pérez, sin que fuera condenado.
“Era un hombre acostumbrado a salirse con la suya. En los años 70 y 80, cualquiera con poder influía directamente en la justicia”, recordó Abreu.
El crimen de 2025: un desenlace anunciado
Según el reporte policial, el pasado domingo cerca del mediodía, Féliz Miranda asesinó a tiros a su esposa y a su suegra dentro de su vivienda y luego se suicidó. Antes del ataque, llamó a su hijo de un matrimonio anterior, quien acudió junto a otros familiares tras percibir algo extraño en su tono.
Al llegar a la casa, encontraron la escena del crimen: las dos mujeres sin vida y el agresor agonizando. En el lugar se recuperaron una pistola, seis casquillos 9 milímetros, dos teléfonos celulares y una carta manuscrita en la que intentó justificar su acción alegando supuestos celos.
“Esto pasó porque mi esposa me estaba engañando apoyada por su madre… se lo descubrí”, escribió en la nota hallada por las autoridades.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, confirmó que el caso continúa bajo investigación, aunque adelantó que el móvil estaría relacionado con celos y control emocional.
Fallas del sistema y reclamo de justicia
Para especialistas y familiares, este caso simboliza las consecuencias de la impunidad histórica en materia de violencia de género.
“Un hombre con ese prontuario debía estar bajo seguimiento. La falta de control y las sentencias leves lo convirtieron en un asesino protegido por el sistema”, dijo la abogada Tatem Brache.
“Debió existir un mecanismo que le impidiera portar armas. Cometió un crimen, quedó libre y nadie lo vigiló”, agregó Félix Abreu.
Una deuda pendiente del Estado
Nelson Féliz Miranda Hermida no solo envejeció, también fue protegido y olvidado por un sistema judicial que nunca lo juzgó con rigor.
Su último crimen no fue un arrebato, sino la repetición de una historia ignorada por décadas.
La muerte de Mayra y Doris Martínez revela las grietas profundas en la respuesta institucional ante la violencia machista en República Dominicana, donde aún persisten vacíos en la prevención, el control de armas y la sanción efectiva.
Tres vidas fueron segadas, pero detrás de las balas queda el eco de una justicia que no aprendió de sus errores.
