SANTO DOMINGO, RD. – El secretario de Energía y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Juan Gómez, afirmó que la central termoeléctrica que construye la empresa Energía 2000 en Monte Cristi no entrará en operación este año, como ha anunciado el Gobierno.
El también exsuperintendente de Electricidad explicó que una planta de 400 megavatios requiere de múltiples pruebas técnicas y aprobaciones legales antes de poder conectarse al sistema eléctrico nacional, por lo que consideró “irreal” la promesa oficial de que estará lista en 2025.
“El gobierno de Luis Abinader y el PRM tiene acostumbrado al país a prometer cosas y luego no cumplirlas. En el caso de Energía 2000, no hay forma técnica ni legal de que esa planta entre en funcionamiento este año”, sostuvo Gómez.
El dirigente político advirtió que el problema del sector eléctrico es estructural y económico, y que las nuevas plantas incorporadas durante la actual gestión “tienen costos de generación más altos que las que estaban en operación”, lo que —dijo— agrava la crisis financiera de las distribuidoras.
Durante una entrevista en el programa Al Punto Vespertino, transmitido por Ahora TV, Gómez detalló que, de los 2,000 megavatios prometidos por el Gobierno, apenas se han instalado unos 380 megavatios, correspondientes a SIBA Energy en Boca Chica y la barcaza de Karpowership en Los Negros de Azua.
Asimismo, denunció que el kilovatio hora que las distribuidoras pagan a las generadoras varía entre 8 y 14 centavos de dólar, pero que, según los reportes oficiales, SIBA Energy recibe 74 centavos de dólar, un costo “excesivo e insostenible”.
“¿Cómo puede mejorar el sistema eléctrico si se compra energía tan cara? Esto solo incrementa las pérdidas y aumenta el subsidio eléctrico”, cuestionó.
Sobre el decreto 517-25, que declara en estado de emergencia el sector eléctrico nacional, el dirigente de la Fuerza del Pueblo señaló que su objetivo “no fue resolver los apagones, sino justificar compras rápidas y sin control”.
“Al día siguiente de emitirse el decreto, ya había una nueva barcaza de 65 megavatios instalada en Azua sin permiso ambiental. La declaratoria fue un instrumento para adquirir equipos y contratos, no para mejorar la gestión eléctrica”, denunció Gómez.
Finalmente, el dirigente afirmó que la falta de planificación, eficiencia e inversión ha dejado al país con un déficit de generación creciente, lo que obliga al Gobierno a recurrir a soluciones temporales y costosas.
“El pueblo dominicano paga la improvisación. La desesperación del Gobierno por traer una tercera barcaza a Azua, de 230 megavatios, solo confirma que no hay planificación. Esa energía saldrá cara para todos”, concluyó el secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo.
