9 de octubre de 2025

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Tribunal decide hoy la entrada de la Guardia Nacional a Chicago

Chicago
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El despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el Gobierno de Donald Trump para Illinois será sometido este jueves a una revisión en tribunales, un día después de que algunos elementos ya fueron movilizados en la zona de Chicago, presuntamente para cuidar propiedad federal.

La jueza de distrito April Perry escuchará los argumentos sobre una demanda que pide bloquear de inmediato el despliegue de las tropas, que son de la Guardia Nacional de Texas y de Illinois.

El gobernador del estado, JB Pritzker, y las autoridades locales de Chicago, como el alcalde Brandon Johnson, se oponen de manera vehemente al uso de las tropas, que dicen es completamente innecesario. Trump el miércoles opinó que Pritzker y Johnson debieran ser metidos a la cárcel, sin ofrecer ningún razonamiento legal que lo justificaría.

Ha habido además protestas públicas en contra del despliegue.

Los 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas enviados a Illinois llegaron esta semana a la zona de Elwood, sumándose a 300 integrantes de la Guardia de Illinois que fueron federalizados por orden de Trump.

El Comando Norte del Departamento de Defensa asegura que su movilización es para proteger a edificios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a los agentes migratorios. Desde el verano ha habido protestas en su mayoría pacíficas frente a un centro de ICE en el suburbio de Broadview.

También ha habido protestas similares contra redadas en Los Ángeles y Washington D.C., a donde Trump igualmente mandó a la Guardia Nacional, y su Administración ha amagado con hacer lo mismo en Portland y en Memphis.

Discuten Ley de Insurrección

Una ley de 150 años de antigüedad, la Posse Comitatus, establece límites a qué pueden hacer tropas militares como las de la Guardia Nacional cuando se trata de despliegues dentro de Estados Unidos para aplicar la ley. Por ejemplo, en teoría las tropas desplegadas de manera doméstica no pueden realizar arrestos.

Sin embargo, ha salido a la luz que la Casa Blanca está discutiendo invocar la Ley de Insurrección de 1807, que le da amplios poderes al presidente de mandar a miembros activos de las fuerzas armadas a los estados, si el mandatario considera que hay alguna «rebelión». De ser invocada la ley, las tropas sí podrían realizar tareas que normalmente son policiales, como detener a gente.

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Los Gobiernos de Chicago y de Illinois demandaron contra el despliegue desde la semana pasada, destacando en sus documentos legales que las protestas frente al centro de ICE «nunca se han acercado siquiera a ser un impedimento a los agentes federales».

«El presidente está usando las protestas en Broadview como un pretexto», escribieron las autoridades locales y estatal en su demanda. «El despliegue de tropas previsto para Illinois es solo el más reciente capítulo de una campaña abarcadora de esta Administración federal de atentar contra jurisdicciones que son del disgusto del presidente» por ser demócratas, indicaron.

Orden de despliegue en Oregon

Además de la audiencia sobre el caso en Chicago, este jueves un panel de un tribunal de apelaciones tendrá una sesión para escuchar los argumentos de una demanda en contra de que Trump intente tomar control de las tropas estatales de la Guardia Nacional de Oregon.

El presidente intentó desde la semana pasada hacer esto para mandar a esos militares a Portland, donde también ha habido protestas frente a un centro de ICE.

Las autoridades demócratas de Oregon y de Portland sostienen que las tropas no son requeridas ni necesarias.

Una jueza de distrito, Karin Immergut, desde el fin de semana bloqueó la posible federalización de las tropas de Oregon, así como el intento de la Administración Trump de enviar a la Guardia Nacional de California a ese estado.

Immergut, jueza que fue nombrada por Trump durante la primera presidencia de éste, indicó en su dictamen que no se ha ofrecido evidencia alguna que respalde la idea de que las tropas son necesarias para proteger instalaciones federales porque «desde hace varios meses no ha habido ningún nivel de actividad de manifestantes que pueda considerarse violenta ni disruptiva».