El tribunal impuso sentencias que van de 15 a 30 años de prisión a los responsables de la pérdida de la pareja formada por Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante Pacheco, de 24. El hecho tuvo gran repercusión en la comunidad de La Guáyiga, perteneciente al municipio Pedro Brand, Santo Domingo, al generar conmoción entre familiares, vecinos y allegados de las víctimas.
Durante la audiencia, la madre de uno de los afectados, Carmen Miguelina Rodríguez, manifestó su reacción frente al fallo emitido por los jueces. Expresó que la decisión judicial constituye un paso hacia la justicia, pese a que ninguna resolución podrá devolverle a su hijo. Su testimonio fue recogido tras conocerse el dictamen final que determinó las condenas de cárcel contra los responsables.
“Me sentí muy agradecida, primero con Dios, luego con el juez y la fiscalía que trabajó muy duro para que se lograra esta condena. Esos 30 años están bien merecidos”, expresó Rodríguez al concluir la jornada en que se notificó la sentencia definitiva, dejando en claro la importancia del trabajo de las autoridades en el proceso.
El fallo judicial estableció que Leonardo Alejandro Mercedes Mojica, conocido como “Nardo el sicario”, y Dylan Alberto Ortiz reciban condenas de 30 años de prisión. A su vez, José Alfredo Ventura Túpete fue sentenciado a 15 años. Todos deberán cumplir la pena en la cárcel de Najayo, lugar donde permanecen recluidos desde el momento de su arresto.
El doble hecho violento se produjo el 24 de enero de 2023, cuando la pareja fue reportada como no localizada en su residencia ubicada en La Guáyiga. Posteriormente, el 6 de febrero de ese mismo año, sus cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos, confirmando así la gravedad de la situación y el desenlace fatal del caso.
Además, el expediente estuvo vinculado a los hermanos José Miguel y Eddy Manuel Álvarez Ramírez. Ambos fueron eliminados en junio de 2024, durante un supuesto intercambio de proyectiles con miembros de la Policía Nacional. Este episodio quedó registrado como parte del proceso paralelo que acompañó el caso principal y que también atrajo atención pública.
La sentencia dictada pretende establecer un precedente que refleje la aplicación de castigos ejemplares frente a hechos violentos de esta magnitud. Asimismo, se considera que ofrece una cuota de consuelo a los familiares de los afectados, en medio del dolor por la pérdida sufrida.
