
WASHINGTON — El presidente, Donald Trump, está pintando el cierre de Gobierno federal como una oportunidad para hacer ajustes a quiénes trabajan en ciertas agencias mediante la amenaza de despidos masivos, además de estar sugiriendo que realizará cortes «irreversibles» a programas que los demócratas consideren importantes.
En vez de solamente prever una licencia temporal para los empleados, como siempre sucede cuando quedan frenados los fondos por disputas presupuestarias, integrantes de la Casa Blanca están diciendo que se vienen despidos permanentes.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca además anunció que va a pausar específicamente fondos de infraestructura federales que ya estaban pensados para mejoras al metro de Nueva York y al túnel del río Hudson. Nueva York es el hogar de los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes.
Trump ha celebrado estas acciones de parte de Russell Vought, el encargado de la oficina que también fue arquitecto del llamado Proyecto 2025 promoviendo reducciones a programas como Medicaid y los cupones de alimentos SNAP.
«Con esto [Vought] puede recortar el presupuesto a un nivel que no se podría de otra manera», dijo Trump a inicios de esta semana durante un evento en la Casa Blanca. «No puedo creer que los [demócratas] me dieron esta oportunidad sin precedentes», celebró Trump este jueves mediante su plataforma Truth Social.
En esa publicación avisó que este jueves se reunirá con Vought para «determinar cuántas de las agencias demócratas [sic]» buscará cortar.
Este jueves es apenas el segundo día del actual cierre de Gobierno y las tensiones ya van al alza. El enfoque agresivo de la Administración Trump con estos amagos de despidos permanentes y cortes irreversibles ha puesto en alerta a gente en Washington, ante el temor de que por no ponerse los congresistas de acuerdo entre disputas partidistas se abre la puerta a que el presidente pueda maniobrar como prefiera sin pasar por el Congreso. Entre ello, a seguir pagando los sueldos al menos de los agentes encargados de aplicar la política migratoria de Trump.
Vought hizo referencia a los planes de despidos masivos el miércoles en una llamada con integrantes del Partido Republicano, con afán de ampliar el proyecto de recortes y reducción de personal que ya lleva haciendo el así llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (apodado DOGE).
«Todas estas acciones ya las estaba tomando el Gobierno de Trump desde el 20 de enero», dijo Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la Cámara Baja. «Su meta es la crueldad», aseguró.
«Mientras más dure [el cierre] se provocará más dolor», dijo por su parte Mike Johnson, representante republicano por Louisiana y el presidente de la Cámara Baja, «porque eso es inevitable cuando hay un cierre de Gobierno».
Por los desencuentros entre los dos partidos se antoja probable que el cierre se extienda al menos durante todo octubre: No está previsto que Trump y los líderes del Congreso se reúnan pronto para discutir qué sigue. Y el Congreso no tiene programada ninguna reunión para este jueves dado que se marca el festejo judío de Yom Kippur.
El Senado regresará a sesiones hasta el viernes, y la Cámara de Representantes lo hará hasta la siguiente semana.
Reverberación económica
Mientras, los empleados federales que no sean puestos en licencia deberán seguir laborando sin recibir sus sueldos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que es apartidista, ha estimado que unos 750,000 trabajadores federales quedarán en despido temporal cada día que dure el cierre, perdiendo hasta 400 millones de dólares en sueldos acumulados.
Los efectos económicos de esa falta de salarios pudieran hacerse sentir en la economía en general. Cuando ha habido cierres de Gobierno en el pasado se registró una «reducción en la demanda del consumidor para bienes y servicios del sector privado, reduciendo el PIB», según la CBO.
«La falta de gasto federal en productos y servicios llevó a una pérdida de ingresos en el sector privado que a su vez redujo la demanda de otros bienes y servicios en la economía», indica un informe de CBO. En total hubo un «enfriamiento de la producción económica», que al menos se revirtió ya que terminó el cierre.
Sin un acuerdo a la vista
La falta de acuerdos en el Capitolio para un plan con el cual financiar aunque sea de manera temporal al Gobierno federal, y revertir así el cierre, está centrada en desencuentros sobre financiamiento para el seguro médico.
Los demócratas están exigiendo que cualquier proyecto de presupuesto debe preservar los fondos para el sistema de salud, al denunciar que de otro modo millones de estadounidenses no podrán costear sus cuidados ante recortes a Medicaid y la extinción de subsidios para que sea menos caro contratar un seguro médico privado mediante el mercado de Obamacare.
Según estimados de la organización sanitaria Kaiser Family Foundation las cuotas de las pólizas podrían duplicarse para quienes tienen seguro mediante ese sistema de la Ley de Salud Asequible.
Algunos republicanos han dicho que no descartan negociar el tema del seguro médico, pero el liderazgo del partido ha dicho que no lo considera prioritario.
Y mientras el Congreso se queda atorado en esta discusión, la Administración Trump ha buscado tomar ventaja de qué tanto puede decidir respecto a cambios y ajustes.
Por ejemplo, la CBO ha dicho que el Gobierno de Trump puede hacer uso de fondos mediante la megaley fiscal (apodada Gran y Hermosa Ley) aprobada este verano para seguirles pagando solamente a los empleados del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional.
Con eso, las medidas antimigración y de deportación masiva de Trump pueden continuar sin tregua.
Pero los empleados federales de puestos clave que sigan operando durante el cierre en otras agencias tendrán que esperar un buen tiempo antes de ver sus sueldos.
Vought este año ya también ha retado la autoridad constitucional que tiene el Congreso para determinar temas de presupuesto con sus intentos de echar para atrás fondos que ya habían sido aprobados para temas como la radio pública, los programas de asistencia internacional, inversiones en energías renovables y el programa educativo Head Start.
La CBO ha publicado una lista de estas acciones que señala como posiblemente violatorias de la ley. Sin embargo, la Corte Suprema le ha permitido a la Administración Trump continuar con estas «rescisiones» o anulaciones de fondos.