El gobierno de Estados Unidos enfrenta la posibilidad de un cierre administrativo tras el estancamiento de las negociaciones presupuestarias entre republicanos y demócratas. Trump advirtió el martes que “probablemente habrá un cierre”, una situación que podría dejar a cientos de miles de empleados públicos sin sueldo y paralizar la mayoría de los servicios federales.
La falta de un acuerdo antes de la medianoche de este martes podría desatar el decimoquinto “shutdown” desde 1981, con consecuencias económicas y sociales de gran alcance para el país.
Durante un encuentro con periodistas en la Oficina Oval, Trump afirmó que los demócratas serían responsables del cierre si el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, antes de la fecha límite.
“Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce”, dijo. Además, advirtió que un cierre podría llevar a medidas “irreversibles” contra sus opositores, como “despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, refiriéndose a los demócratas. Trump insistió en que los líderes demócratas “están tomando un riesgo” en este pulso con la Casa Blanca.
En el Senado, la extensión de gastos públicos solicitada por los republicanos requiere siete votos adicionales de la minoría demócrata, lo que ha trabado las negociaciones y aumenta la incertidumbre a pocas horas del vencimiento del plazo.
Impacto sobre agencias federales y programas sociales
El posible cierre afectaría a un amplio espectro de agencias y programas. Entre los efectos más inmediatos se encuentra la suspensión de pagos a empleados federales, la interrupción de prestaciones sociales y la paralización temporal de trámites burocráticos esenciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará diversas operaciones críticas, aunque unos 14.000 trabajadores de un total de 271.000 recibirán licencia temporal sin sueldo. Esto afectará a Protección Fronteriza, Inmigración, Administración de Seguridad en el Transporte y FEMA, aunque las funciones vitales permanecerán activas.
En el sector sanitario, Medicare y Medicaid seguirán procesando pagos, aunque podrían producirse demoras administrativas. El programa CHIP mantendrá depósitos a estados que cumplan requisitos.
Áreas como el espacio aéreo y laboratorios médicos también se verán afectadas. Los controladores aéreos certificados permanecerán en sus puestos, pero podrían dejar de cobrar mientras dure el cierre. La escuela nacional de controladores aéreos en Oklahoma City cerrará temporalmente, agravando la escasez de profesionales. Expertos del sector, como Nick Daniels y Jason Ambrosi, alertaron sobre el riesgo para la seguridad aérea.
En salud pública, los CDC planean licenciar temporalmente a más de la mitad de su personal, manteniendo solo a quienes controlan brotes infecciosos críticos o laboratorios de animales. Se suspenderán investigaciones preventivas, campañas de comunicación y estrategias de reducción de muertes por sobredosis o enfermedades crónicas.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) no podrán inscribir nuevos pacientes en ensayos experimentales, afectando investigaciones y ensayos clínicos en universidades. La FDA continuará con sus misiones principales, como gestión de crisis alimentarias, aunque las inspecciones programadas a plantas se suspenderán; el 86 % del personal seguirá trabajando.
El Departamento de Estado planea licenciar a más de la mitad de sus empleados domésticos, mientras que consulados y embajadas en el extranjero seguirán abiertos. La EPA mantendrá a más de 1.700 empleados para actividades críticas, mientras que investigaciones o limpiezas prolongadas se pospondrán.
Consecuencias económicas y sociales
Las implicaciones del cierre van más allá de los servicios públicos, con efectos directos sobre la economía, la vida cotidiana y la seguridad nacional. A medida que se acerca la hora límite, la presión sobre legisladores y la administración Trump aumenta, en un escenario marcado por incertidumbre y falta de acuerdos.
