Santo Domingo.- El abogado Nassef Perdomo, representante del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, criticó la forma en que el Ministerio Público está aplicando los denominados criterios de oportunidad en casos de corrupción administrativa.
Perdomo explicó que el expediente contra Castillo se encuentra actualmente en la etapa preliminar. Detalló que el Ministerio Público presentó su acusación formal y los representantes del Estado interpusieron querellas, mientras que ahora corresponde el turno de las víctimas y querellantes.
En este punto, señaló que se da una situación “extraña”, ya que los propios querellantes han expresado inconformidad con la actuación del Ministerio Público.
“Ellos mantienen su querella contra Gonzalo Castillo, pero han manifestado públicamente que el Ministerio Público ha beneficiado con criterios de oportunidad a personas que consideran responsables directos de los daños sufridos. Además, se quejan de no haber recibido compensación alguna de las devoluciones económicas realizadas”, afirmó durante una entrevista en el Programa Hoy Mismo.
El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Criterio de oportunidad
El abogado recordó que el artículo 370.6 del Código Procesal Penal establece que el criterio de oportunidad solo puede aplicarse a imputados que colaboren de manera efectiva con la justicia y cuyos delitos sean significativamente menores en comparación con los de los altos mandos que entreguen.
“No es lo que está sucediendo. Personas que, según la propia teoría del caso del Ministerio Público, eran motores de la supuesta actividad mafiosa, de repente son beneficiadas con acuerdos y quedan libres de ir a prisión”, aseguró.
Sobre caso de Máxi Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina, quien firmó un acuerdo con el Ministerio Público tras devolver 3,000 millones de pesos, Perdomo evitó emitir un juicio de fondo por desconocer todos los detalles. No obstante, advirtió que “la señal que se envía es peligrosa: roba mucho, devuelves una parte y te vas a tu casa tranquilo con lo que sobra”.
Maxi Montilla.
Exclusión de las defensas y los querellantes
Perdomo denunció que ni las defensas ni los querellantes han podido participar en los procesos de negociación de los criterios de oportunidad, ya que los jueces entienden que son acuerdos exclusivos entre el Ministerio Público y los beneficiarios.
“Eso genera un conflicto procesal enorme. Advertimos que si se procedía de esa manera, se iba a crear una situación en la que nadie sabría quién es quién dentro del proceso, y eso es lo que estamos viviendo hoy”, indicó.
El abogado de Gonzalo Castillo también denunció fallas graves en la preparación del expediente, señalando que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) habría utilizado peritajes con documentos que aún no habían sido recibidos formalmente por la institución.
“Un peritaje financiero presentado por la PEPCA está fechado el 24 de abril de 2024, a las 3:00 de la tarde, pero incluye documentos bancarios y oficios de la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Bancos que fueron recibidos oficialmente después de esa hora. Eso es imposible. No es eficiencia, es una irregularidad grave que compromete la seriedad del proceso”, sostuvo.
Posibles implicaciones políticas
Aunque evitó vincular directamente el proceso a intereses partidarios, Perdomo reconoció que la situación judicial de Gonzalo Castillo influye en sus aspiraciones políticas.
“El Ministerio Público armó una especie de Frankenstein para incluirlo en este expediente. El sometimiento de Gonzalo Castillo es claramente injusto. Mientras tanto, a personas que admitieron haber participado y contra quienes existen pruebas directas se les otorgaron criterios de oportunidad”, denunció.
Opinión pública la justicia
Para Perdomo, los procesos de corrupción han sido diseñados más para convencer a la opinión pública que a los jueces.
“Se habla de que hay furgones de pruebas, pero muchas no tienen relación con los hechos. Eso sirve para titulares y redes sociales, no para juicios. De ahí que fracasan en convencer a los tribunales, como pasó con el caso de Alexis Medina”, explicó.
El jurista sostuvo que el problema radica en que en República Dominicana todavía prevalece una cultura inquisitorial en la que se considera que los procesos pertenecen al Ministerio Público.
Expectativas del proceso
Sobre el tiempo que podría tomar el juicio, Perdomo reconoció que es incierto. Estimó que la audiencia preliminar podría concluir este año, pero luego vendrían las apelaciones y el juicio de fondo, lo cual prolongaría el caso.
Aseguró que la defensa confía en que, al examinarse las pruebas con objetividad, se demostrará la inocencia de Gonzalo Castillo.
“Lo que se busca con estos procesos es impacto mediático, no justicia. Pero cuando llegue el momento, confío en que los jueces dirán lo evidente: Gonzalo Castillo no es responsable de ningún hecho ilícito”, dijo.
