Santo Domingo.- El siguiente reportaje de N Investiga, de Nuria Piera, muestra cómo en República Dominicana, los fraudes no se extinguen, solo se reinventan, cambian de nombre, de rostro, pero dejan las mismas secuelas: ciudadanos engañados, instituciones cuestionadas y una confianza pública fracturada.
El caso más reciente que se describe es una muestra del ingenio criminal y la fragilidad institucional, una red que ofrecía a médicos y profesionales de la salud ser “asimilados” a la Policía Nacional a cambio de dinero. El engaño no era solo económico, era emocional, y se vendía prestigio, seguridad, estatus y la ilusión de un uniforme que nunca existió.
Más de un centenar de profesionales, en su mayoría médicos, cayeron en esta red bajo la promesa de ser incorporados como asimilados a la Policía Nacional.
“Yo llevé alrededor de 15 personas. Él me decía que mientras más gente yo entrara, más alto sería el rango que me iban a poner”, relató una de las víctimas. El concepto de “asimilado” implica la integración a las filas de la Policía o las Fuerzas Armadas con todos los beneficios que eso conlleva: salario, pensión, seguro médico y estabilidad laboral. Fue en esa aspiración donde se sembró la estafa: la esperanza de un atajo.
“Me prometieron un rango. Que sería asimilado. Nunca me dijeron cuál”, añadió otro de los afectados. Detrás del entramado se ha identificado a Carlos Manuel Peña Santana, quien se hacía llamar “doctor De León”, quien visitaba hospitales y clínicas acompañado de pacientes. Se presentaba como psiquiatra. Y en poco tiempo, médicos y enfermeros le abrían las puertas.
“Fue ahí donde me dice que si me interesaría ser asimilado. Me pone en contacto con un supuesto coronel Polanco que me iba a ayudar”, indicó otra víctima.
El fraude seguía un guion meticulosamente planeado. Primero, se pedía un pago de dos mil pesos por supuestos certificados médicos. Luego, otros dos mil setecientos para sellar cartas de nombramiento. Más adelante, los costos incluían uniformes, botas y hasta armas reglamentarias. Todo parecía parte de un proceso real. En realidad, era una estafa con escenografía institucional.
El dinero se transfería a cuentas de terceros, principalmente a nombre de Peña Santana. Las comunicaciones incluían audios en los que el estafador detallaba los pasos del proceso y justificaba cada cobro. La estafa no se limitaba a recibir dinero. Se transformó en un esquema piramidal: mientras más personas reclutara una víctima, más alto sería su rango. “Yo contacté a 37 personas cercanas. Ellos siguieron buscando más… y al final llegamos a casi 100 en todo el país, en un grupo de WhatsApp”, relató otra víctima.
“Traigan a todo el mundo”, decía el estafador en un audio. El fraude se sostenía en símbolos de legitimidad: cartas con sellos falsificados, documentos que imitaban resoluciones oficiales, videos grabados dentro de cuarteles y firmas inexistentes. Todo un montaje para convencer incluso al más escéptico.
LA POLICÍA NACIONAL RESPONDE
Consultada sobre el caso, la Policía Nacional fue categórica. “La Policía no cobra estos servicios. Una vez usted es aceptado, de inmediato comienza a devengar su salario”, explicó Diego Pesqueira, vocero de la institución. Añadió que los estafadores se aprovechan de la apertura institucional, de sus transmisiones en vivo y materiales públicos para crear una narrativa creíble. “Las imágenes que utilizan estas personas pueden ser tomadas de transmisiones en vivo. Luego las editan para engañar a incautos”, indicó.
El Código Penal dominicano castiga la usurpación de funciones con hasta dos años de prisión. A esto se suman los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
“La persona que paga por un servicio gratuito se convierte en corruptor. Exhortamos a usar solo las vías oficiales de la Policía”, añadió Pesqueira.
Este esquema no solo vació los bolsillos de más de cien profesionales. También dejó una lección amarga: en la búsqueda de atajos, algunos terminan como víctimas y otros como cómplices. Al intentar denunciar, varias víctimas se toparon con una advertencia legal: al haber pagado por un ingreso irregular, podrían ser considerados partícipes del delito.
El fraude de los falsos asimilados es una estocada más en la credibilidad institucional de República Dominicana. Las víctimas esperan justicia. El uniforme, el rango y la estabilidad jamás llegaron. Lo único real fue el engaño.
