Connecticut: En un nuevo episodio de tensión entre funcionarios federales y líderes locales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha emitido declaraciones que señalan al congresista John B. Larson, representante demócrata por el distrito 1 de Connecticut, por sus críticas hacia las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Larson respondió este jueves que no retrocederá en su postura de defender los derechos constitucionales de los inmigrantes ni de denunciar lo que considera abusos.
Larson, junto con el fiscal general de Connecticut, William Tong, emitió una declaración en la que condena un informe del DHS que los acusa a él y a defensores de inmigrantes de criticar las tácticas de ICE de forma injusta o alarmista. Según Larson, agentes de ICE, algunos vestidos con pasamontañas, realizaron redadas en Newington y Southington sin notificar previamente a las autoridades locales, y en algunos casos separaron a madres de sus hijos. En ese contexto, el congresista ha impulsado propuestas legislativas como el No Secret Police Act, que exigiría que los agentes de ICE se identifiquen claramente y se prohíba el uso de máscaras; y el Protecting Sensitive Locations Act, que buscaría impedir que se realicen redadas en lugares como escuelas, hospitales, tribunales y sitios de culto. También participó en la introducción de la Home Together Act, enfocada en limitar la divulgación de datos de vivienda a agencias de inmigración.
Larson declaró: “Ahora me atacan por defenderlos. Esto viene de un presidente que libera insurrectos violentos que agredieron y mataron policías, mientras él arma al gobierno contra familias inmigrantes y sus opositores políticos. Décadas luchando contra este tipo de autoritarismo me enseñaron esto: cuando el gobierno aterroriza comunidades, los representantes pueden ponerse de pie o aparte. Yo me levanto. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré.” Agregó que seguirá usando su voz y su voto para denunciar lo que está mal, proteger las libertades civiles y defender a las familias en Connecticut.
Estas acusaciones del DHS representan un cruce significativo entre poderes federales y representantes locales. Cuestionan hasta qué punto los funcionarios públicos pueden criticar las acciones de agencias federales sin represalias políticas o legales. Para los inmigrantes en Connecticut, los informes de redadas sin aviso, agentes encapuchados y separaciones familiares generan temor y denuncias de violaciones de derechos. En lo legislativo, las propuestas que Larson apoya reflejan un esfuerzo por equilibrar seguridad o cumplimiento migratorio con garantías de transparencia y responsabilidad, además de plantear debates legales sobre jurisdicción, libre expresión y límites del accionar federal.
Larson y sus aliados continuarán impulsando los proyectos de ley mencionados. Habrá que ver si ganan tracción en el Congreso y cómo responde el DHS, ya que podrían surgir disputas legales si alguno de los actos denunciados se considera que viola la Constitución. La atención mediática y pública probablemente crecerá, dado el interés en cómo se tratan los inmigrantes y los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración.
