Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), más de 50 personas murieron la semana pasada en Haití como resultado de una serie de ataques coordinados por bandas armadas.
La RNDDH, una de las principales entidades locales dedicadas a la vigilancia de abusos, apuntó en su informe que los hechos se produjeron en Laboderie, una ciudad situada al norte de Puerto Príncipe.
De acuerdo con la organización, los ataques fueron ejecutados por miembros de la coalición criminal conocida como Viv Ansanm (“Vivir juntos”). El reporte subraya que la masacre tuvo un carácter especialmente cruel, con agresiones dirigidas deliberadamente contra la población civil.
“Terroristas de la coalición criminal Viv Ansanm llevaron a cabo una masacre extremadamente cruel contra la población civil”, detalla un comunicado.
En el contexto actual, caracterizado por una aguda crisis política y el colapso de las instituciones públicas, la violencia en Haití ha escalado a niveles inéditos. Desde el inicio de 2024, las bandas armadas han ampliado su control territorial, provocando la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry.
Actualmente, según estimaciones de la ONU, las pandillas dominan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe, lo que ha generado desplazamientos internos y temor en amplios sectores de la población.
Fuentes de la RNDDH informaron que, además de la masacre, los atacantes incendiaron decenas de viviendas en la zona afectada. El informe advierte que la recuperación de las víctimas se ha visto obstaculizada por la persistente inseguridad.
“Hasta este domingo, los cuerpos de varias víctimas aún no se habían recuperado, mientras que cadáveres aún yacían en los matorrales, devorados por perros”, denunció la organización. Algunos sobrevivientes lograron refugiarse en comunidades cercanas, otros escaparon al mar en canoas buscando poner distancia con la violencia.
La RNDDH también reportó que la pandilla justificó el ataque acusando a los residentes de Laboderie de colaborar con la policía como informantes. Sin embargo, la organización defensora de derechos humanos señaló que los civiles han quedado atrapados en medio del conflicto sin acceso a protección ni a recursos básicos.
El Consejo Presidencial de Transición —el órgano que asumió la jefatura del Estado tras la dimisión de Henry en abril de 2024— publicó un comunicado donde expresó su “profunda indignación” ante estos “actos bárbaros”.
La declaración oficial añade que las autoridades hacen un llamado a la comunidad internacional para reforzar las capacidades estatales y atender tanto la seguridad como la crisis humanitaria derivada de los ataques.
