Algunos cruces estadísticos no oficiales y aproximaciones compartidas por algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes, dan cuenta que los ciudadanos de Ecuador, México y Guatemala son los nacionales que encabezan las listas de detenidos y deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York que incluye a Long Island y Newark (Nueva Jersey), en los últimos meses.
Mientras se precisa un aumento del 41% en las detenciones en esta área, se están levantando otras alertas ante la deportación de una madre y una niña ecuatoriana de siete años, quien estudiaba en una escuela pública de Elmhurst en Queens.
Ante esta última incidencia, activistas de la comunidad ecuatoriana en la Gran Manzana, exigen al presidente de su país Daniel Noboa que ponga el foco, en lo que ellos califican una crisis de Derechos Humanos, causada por el hecho de que gran parte de los ciudadanos de ese país, están siendo removidos, sin haber tenido algún historial criminal.
“Le estamos exigiendo al presidente Noboa y a los dos asambleístas que representan a los ecuatorianos en la diáspora, que intermedien con el presidente Trump, para algunas protecciones contra nuestros nacionales. No es posible que solo se sienten para hablar de acuerdos comerciales de bananas y camarones. Y pasen de largo esta crisis humanitaria”, clamó Walter Sinche, presidente de la Alianza Ecuatoriana Internacional (AEI)
El abismo de los recién llegados
Sinche perfila, basado en testimonios recogidos en esta comunidad, que gran parte de los migrantes de esta nación suramericana, que se encuentran sin papeles, viven bajo la sombra del miedo. Pero quienes tienen una permanencia de menos de dos años en el país, son quienes “sobreviven” doblemente agobiados.
“Observamos que son precisamente las familias recién llegadas, quienes están en un gran abismo. Lamentablemente las organizaciones como nosotros y otras que ofrecen ayuda a los migrantes, no tenemos el alcance económico para dar soporte legal a estos connacionales. Ya esto es un asunto, que trasciende por completo nuestra capacidad. Por eso no queda más que recurrir a nuestras autoridades ecuatorianas, para que medien en una solución de fondo, ante este ataque continuo”, sostiene el activista de AEI, con sede en Queens.
Los activistas informan que las condiciones de violencia que obligaron a miles de ecuatorianos a abandonar el país en los últimos años han empeorado. Durante el primer semestre de 2025, se contabilizaron 4,557 homicidios, lo que implica un incremento del 45% en comparación con el mismo período del año precedente, coinciden medios ecuatorianos.
“Si unos inmigrantes merecen un Estatus de Protección Temporal (TPS) son nuestros paisanos. Pero primero no hubo la unión de nuestra misma diáspora para presionar y segundo hay una inacción de nuestros gobernantes. Noboa y Trump tienen buenas relaciones. Es muy injusto lo que enfrenta nuestro pueblo, que es básicamente una población trabajadora y honesta”, remarcó Miguel Valdivieso un residente de Corona, Queens.
Siguen las detenciones
De las más de 4,600 detenciones desde enero de 2025 en el área metropolitana de Nueva York, casi 1,000 arrestos se llevaron a cabo en las cortes federales de Manhattan. La mayoría de estas detenciones han sido hombres con una edad promedio de 35 años.
Varios migrantes han sido arrestados cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan.
Otro de los tantos casos que conmueve a la comunidad ecuatoriana, que constituye el cuarto grupo hispano más grande en Nueva York, después de los dominicanos, puertorriqueños y mexicanos, fue el de Milton Guamarriga, un trabajador indocumentado de ese país, quien además era bombero voluntario en el condado Westchester de Nueva York, quien fue arrestado por ICE, la primera semana de agosto, cuando salía de casa para ir a trabajar.
Activistas y familiares aseguran que su “único delito” fue haber pasado la frontera cuando tenía 15 años, pues 30 años después, no tiene ningún antecedente criminal.
En varios comunicados oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reafirmado que “no se dejará disuadir por ataques partidistas, ni por la presión de activistas. El ICE continuará emitiendo órdenes de detención, haciendo cumplir la ley migratoria y defendiendo la seguridad pública, porque todo estadounidense merece sentirse seguro en su propio vecindario”.
A pesar de las denuncias, la agencia federal asegura que está centrado en la detención de criminales y personas con órdenes de deportación pendiente.
“Mejores condiciones”
Asimismo, este miércoles, el contralor municipal Brad Lander luego de su décima segunda visita al 26 Federal Plaza, en donde en el piso 10 se ubican espacios, en donde deben pernoctar temporalmente personas detenidas por ICE, reconoció que tiene “relativamente buenas noticias”.
“Debo informar que aunque persisten operaciones injustas, la orden judicial está funcionando para mejorar las condiciones de las personas que son retenidas. Esta vez vi un panorama mucho mejor”, concluyó el funcionario.
El pasado 12 de agosto un tribunal de distrito de Manhattan otorgó una orden de restricción temporal, para mejorar las condiciones de las personas detenidas en ese edificio federal, luego que se revelara a través de videos, que migrantes estaban retenidos en condiciones insalubres y una coalición de organizaciones interpusiera una demanda.
La orden prohíbe detener a personas en espacios con menos de 50 pies cuadrados por persona. También se exige mejorar el acceso a la higiene, proporcionar colchonetas para dormir y acceso a atención médica, y garantizar que las personas detenidas puedan realizar llamadas gratuitas, sin supervisión y confidenciales a sus abogados dentro de las 24 horas posteriores a su detención.
El dato:
- 3,977 ecuatorianos han sido deportados en lo que va de 2025, de acuerdo con información oficial divulgada por la cancillería de ese país. Una cifra que supera a todos los migrantes de ese país removidos en todo el año 2019 (1,490), el 2020 (3,357 deportados), y el 2022 (3,770 deportados). Esto no significa que en términos absolutos, sea el grupo más afectado por las políticas migratorias de la Casa Blanca, en todo el país.
