Santiago.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de esta ciudad, Stephany Reyes, aplazó para el miércoles 20 de agosto el conocimiento de la medida de coerción contra seis acusados en la Operación Discovery 3.0.
Los abogados de los imputados explicaron que el aplazamiento se realizó para que la solicitud de medida sea notificada de forma escrita y no digital, como se había hecho previamente, a fin de poder analizar mejor el expediente y preparar su defensa.
El Ministerio Público está solicitando al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis personas acusadas de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, apoyadas en una estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Además, se pide ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia prisión preventiva para cuatro de los imputados reclamados en extradición por Estados Unidos.
Se espera que el próximo miércoles en horas de la mañana se conozca la medida contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
El órgano acusador también ha solicitado que se declare el proceso como complejo, debido a que se trata de un caso contra una estructura de criminalidad organizada con múltiples imputados y un gran número de víctimas, principalmente personas de avanzada edad, afectadas en Estados Unidos.
Los dominicanos Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Edward José Puello García (Edward Puello) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez) son reclamados en extradición por Estados Unidos.
Los cuatro enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal y fraude electrónico, así como asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
La medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En la Suprema Corte, el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público.
La investigación que dio origen a la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, afectando principalmente a personas de avanzada edad.
Con esta acción, el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos ya investigados en las operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
En la Operación 3.0 se ejecutaron 34 allanamientos con la participación de 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional, realizados en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, que se llevó a cabo junto a la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI) de la Policía Nacional, contó con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que simultáneamente ejecutó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
