La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) advirtió este jueves al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), que si se trata una contratación directa, la realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos y que debe detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de fondos por este concepto.
En una comunicación remitida al titular de esa entidad, Francisco Antonio Peña Guaba, la DGCP recordó que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la ley 340-06, sobre compras y contrataciones públicas.
Pese a ser considerada una contratación por excepción, la contratación de artistas deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en la ley y su reglamento de aplicación, precisa una nota de la institución.
Explica que el reglamento ordena adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción; una resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad recomendando su uso; una certificación de apropiación presupuestaria emitida por el director administrativo o financiero de la DGCP y publicar en el Portal Transaccional e institucional dicho procedimiento de contratación.
“Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aun cuando el GCPS tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa.
Sin embargo, según lo verificado hasta el momento, todo indica que se ha realizado en inobservancia a la misma, establece la comunicación.
Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas, y que estas solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la ley, como son las compras por debajo de RD$147,699.99.
La DGCP también informó que inició un proceso de investigación sobre dicho proceso y solicitó al GCPS que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y base legal que sustentan dichas contrataciones, tal y como dispone la normativa.
“Mediante la investigación de que se trata, el órgano rector examinará el impacto que pudieran tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas otras que surjan del análisis final del caso, por lo que procederá a verificar de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad absoluta o anulabilidad establecidos en el régimen de contrataciones públicas”, expresó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel en la comunicación remitida a Peña Guaba.
