«La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes», escribió Trina Thompson
NUEVA YORK – Una jueza federal de San Francisco, en California, extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60,000 migrantes de Centroamérica y Asia, incluyendo los de Honduras y Nicaragua.
Trina Thompson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, concedió este jueves la moción para posponer el remedio solicitado por “National TPS Alliance”.
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes“, escribió Thompson en la orden. “En cambio, se les dice que reparen su raza, que se vayan por sus nombres y que purifiquen su sangre. El Tribunal no está de acuerdo”, agregó.
La decisión de la jueza pospone las terminaciones del TPS hasta una audiencia a fondo el próximo 18 de noviembre. “El aplazamiento estará sujeto a una prórroga en la audiencia del 18 de noviembre de 2025”, especifica el documento judicial.
El TPS un estatus migratorio temporal que protege a personas de ciertos países de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos debido a situaciones extraordinarias en sus países de origen, como desastres naturales o conflictos armados.
Es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la agencia encargada de designar a un país extranjero como TPS si en las demarcaciones se registran situaciones o eventos que le impiden a los ciudadanos regresar temporalmente de manera segura.
Las incidencias incluyen conflictos armados en curso, desastres naturales como un terremoto o huracán, o una epidemia, así como otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.
El TPS fue creado bajo la Ley de Inmigración en el Congreso ante la preocupación sobre las obligaciones que debe tener EE.UU. bajo el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados.
En el caso de los 60,000 casos en debate, la secretaria del DHS, Kristi Noem, había determinado que las condiciones en sus países de origen ya no justificaban la protección que se les había otorgado.
Violación a la ley APA y a la Quinta Enmienda
La demanda sobre la que Thompson se pronunció fue iniciada el 7 de julio cuando los demandantes presentaron sus argumentos bajo el alegato de que la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Quinta Enmienda de la Constitución sobre el debido proceso de ley.
Plantean además, citando varias declaraciones públicas de Noem, que existe una “animadversión racial” por parte de la secretaria contra los inmigrantes y el programa TPS, “a pesar de que las personas con TPS tienen un estatus legal, un estatus protegido que fue expresamente otorgado por el Congreso con el propósito de brindar ayuda humanitaria”.
El impacto de la cancelación del TPS
El tribunal considera que el público tiene interés en posponer la terminación del TPS por razones que van desde económicas y de seguridad nacional.
“En primer lugar, la economía se verá afectada si los beneficiarios del TPS se ven obligados a abandonar el país….La terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua resultará en una pérdida de $1.4 mil millones para la economía de Estados Unidos”, lee el fallo de la jueza.
Thompson argumenta que, dado que la gran mayoría de los beneficiarios del TPS están en la fuerza laboral, la pérdida del mismo deprimirá la actividad económica, lo que resultará en reducciones en los ingresos fiscales y en las contribuciones al Seguro Social.
“Un estudio reciente basado en datos del Censo reveló que los beneficiarios del TPS aportan $10.3 mil millones al año y pagan $2.2 mil millones anuales en impuestos federales y estatales”, especifica la determinación judicial.
El texto además detalla que la terminación del TPS, solo considerando el caso de Honduras, resultará en una pérdida de $73 millones en contribuciones al Seguro Social y $17 millones en contribuciones al Medicare. “De igual manera, la terminación del TPS para Nepal resultará en una pérdida de $28 millones en contribuciones al Seguro Social y $6.7 millones en contribuciones al Medicare, y la terminación del TPS para Nicaragua resultará en una pérdida de $4 millones en contribuciones al Seguro Social y $968,301 en contribuciones al Medicare”, abunda el documento.
Adicional a lo anterior, como resultado de las cancelaciones del TPS, el Gobierno también tendrá que gastar más dinero para hacer efectivas las deportaciones.
Los costos de deportación podrían ascender a $863 millones, estima el tribunal.
“En tercer lugar, la terminación del TPS reduciría la seguridad pública al reducir la cantidad de personas, en este caso los titulares del TPS, que de otro modo denunciarían un delito o cooperarían con la Policía”, alerta la orden.
En respuesta al argumento de los demandantes de que la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. Casa impide un aplazamiento o suspensión, la jueza señaló que el litigio implicó medidas cautelares universales, pero explícitamente no “resolvió la cuestión específica de si la Ley de Procedimiento Administrativo autoriza a los tribunales federales a anular las acciones de las agencias federales”.
El 19 de mayo pasado, el máximo foro judicial en EE.UU., en una votación 8 a 1, concedió la solicitud del Gobierno de una suspensión de emergencia de la orden del juez Edward Chen en el caso de National TPS Alliance contra Noem del 31 de marzo. Con base en la orden del Tribunal Supremo del 19 de mayo, la decisión previa de la corte de distrito quedaba suspendida a la espera de la resolución de la apelación del gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.
