Cotuí, República Dominicana. – En una operación conjunta sin precedentes, la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de la Agencia Ant1dr0g4s de Estados Unidos (DEA) y diversos organismos de seguridad del Estado, ejecutó este martes un amplio operativo que incluyó 22 allanamientos simultáneos en diferentes sectores del municipio de Cotuí.
La acción, desarrollada en horas de la madrugada, generó gran impacto entre los ciudadanos que fueron testigos del despliegue de unidades tácticas especiales, helicópteros, drones de vigilancia y una considerable cantidad de vehículos oficiales. Según informaciones preliminares, fueron arrestadas varias personas que están señaladas por su presunta participación en delitos cometidos tanto en territorio dominicano como en Estados Unidos.
El principal objetivo de los allanamientos es desmantelar una supuesta red vinculada al lavado de activos, tr4f1co ilícito de divisas y otras operaciones financieras ilegales, delitos que afectan directamente el sistema económico y la estabilidad institucional. Las autoridades confirmaron que en los operativos fueron incautados vehículos de lujo, documentos, bienes raíces y dinero en efectivo, los cuales fueron trasladados a la sede central de la Procuraduría para ser analizados en el marco de la investigación.
Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, con el propósito de frenar el flujo ilícito de capital y desarticular redes que operan de manera transnacional. La DEA y la Procuraduría trabajan de manera conjunta en varios expedientes que buscan esclarecer el origen de los fondos y el uso de estructuras comerciales como fachada para actividades ilegales.
La seguridad nacional y la integridad del sistema financiero son temas prioritarios para las autoridades dominicanas, que han reforzado sus mecanismos de persecución y prevención de delitos complejos. Los allanamientos realizados en Cotuí marcan un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las capacidades del país para cooperar con agencias internacionales.
En los próximos días se espera que el Ministerio Público ofrezca detalles adicionales sobre los arrestos, las evidencias recolectadas y los vínculos que existen entre los implicados y redes que operan en el extranjero. El proceso de judicialización ya está en marcha, con posibles cargos por delitos graves relacionados al lavado de dinero y evasión de controles financieros.
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