Una disputa legal pone en evidencia tensiones dentro del entorno digital dominicano. El empresario Santiago Matías, conocido como “Alofoke”, ha sido formalmente citado por la Fiscalía del Distrito Nacional para presentarse el 10 de julio ante la Unidad de Crimen y Delito de Alta Tecnología. La citación responde a una querella por difamación e injuria presentada por el comediante y actor Manolo Ozuna.
La denuncia se fundamenta en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Según el documento legal, las declaraciones públicas de Matías habrían perjudicado directamente la dignidad y reputación del artista, quien durante años formó parte de los espacios digitales vinculados a la plataforma de Alofoke.
El texto jurídico señala que “ha incurrido en una presunta trasgresión de los artículos 21 y 22”, en referencia al comportamiento atribuido al empresario. A través del mismo documento, la víctima solicita además que se le reconozca como parte civil en el proceso legal contra su anterior colaborador.
La querella fue tramitada por el abogado José A. Valdez Fernández, representante legal del afectado. Este paso legal se inscribe dentro de una secuencia de desacuerdos ya conocidos en el medio digital dominicano, donde han ocurrido casos similares entre otras figuras del entretenimiento local.
Este nuevo capítulo también recuerda un hecho anterior ocurrido en octubre de 2023, cuando Ozuna decidió retirarse del programa Finanzas con Humor, que conducía junto a Juan Carlos Guilbe. La decisión fue vista como un acto de respaldo a Isaura Taveras, quien también interpuso una querella contra Matías en circunstancias parecidas.
La convocatoria de Matías por parte del Ministerio Público ocurre en un contexto donde la emisión de opiniones y valoraciones a través de medios digitales ha comenzado a generar consecuencias jurídicas concretas. La Unidad de Crimen y Delito de Alta Tecnología será responsable de dirigir las investigaciones, ya que esta dependencia se encarga de indagar hechos cometidos mediante herramientas electrónicas.
Este caso establece un antecedente legal dentro del mundo del entretenimiento digital dominicano. Indica que los conflictos públicos en plataformas en línea pueden derivar en procesos legales bajo la legislación vigente, con implicaciones tanto penales como civiles.
El 10 de julio será una fecha importante, pues marcará un punto clave en la evolución de este proceso, que no solo involucra nombres reconocidos, sino también el funcionamiento de las relaciones en el escenario comunicacional con mayor influencia en el país.
