Entre enero y noviembre de 2025, sin incluir el mes de diciembre, 677 niñas dominicanas y haitianas de 15 años o menos dieron a luz en distintos centros de la red pública de salud, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Del total registrado, 505 partos corresponden a niñas dominicanas y 172 a haitianas, lo que representa un 75 % y un 25 %, respectivamente.
Estas cifras evidencian una alta incidencia de embarazos en menores de edad, muchas de las cuales aún se encuentran en etapa de niñez, lo que abre la posibilidad de que una parte significativa de estos casos esté relacionada con contactos sexuales con adultos.
Desde mayo, tras la implementación del protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos estratégicos, se han registrado 85 casos de menores parturientas haitianas, de acuerdo con los reportes oficiales.
El Código Penal dominicano establece que será castigada con pena de reclusión toda persona adulta que mantenga contacto sexual con una niña, niño o adolescente.
Asimismo, la Ley núm. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, consagra en su artículo 30 la “protección de la maternidad”, donde se establece que deben ser garantizados todos los servicios y programas gratuitos a las menores.
Especialistas coinciden en que a estas disposiciones legales se suma la obligación del Estado de investigar y sancionar cualquier forma de abuso o explotación sexual que derive en embarazos en menores de edad.
No se trata únicamente de estadísticas sanitarias, advierten los expertos, sino de una problemática social profunda asociada a la pobreza, la falta de educación sexual integral, debilidades en la supervisión familiar y, en muchos casos, la impunidad de los agresores.
Añaden que cada parto en una niña o adolescente representa una señal de alerta que debería activar de inmediato los mecanismos de protección institucional.
En ese sentido, el sistema educativo y de salud debe reforzar las acciones preventivas, garantizando orientación adecuada, acceso a información veraz y acompañamiento psicológico oportuno.
Diversos estudios coinciden en que la maternidad temprana limita las oportunidades de desarrollo personal, educativo y económico de estas menores, lo que contribuye a perpetuar ciclos de vulnerabilidad y exclusión social.
