El Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes del sureste mexicano, enfrenta un complejo panorama legal que trasciende administraciones. Investigadores y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han presentado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta destrucción irreversible de patrimonio histórico.
Según reportan medios como el diario El Sol de México y El Universal, el expediente técnico de más de 700 páginas detalla el desmantelamiento de al menos 47 monumentos mayas que habrían sido alterados para construir atracciones nuevas, un conflicto que inició bajo la gestión de Andrés Manuel López Obradory que ahora representa un reto de conservación y legalidad para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La denuncia penal, promovida por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica del INAH (SNPICD-INAH), no busca detener el funcionamiento del transporte público, sino esclarecer si se violaron las normas de protección arqueológica nacionales e internacionales y fincar responsabilidades a los funcionarios implicados.
¿Por qué el Tren Maya enfrenta una denuncia penal ante la FGR?
Los arqueólogos y especialistas decidieron llevar el caso a los tribunales federales tras considerar que las mesas de diálogo internas no prosperaron.
La denuncia penal presentada ante la FGR exige que se investiguen a fondo seis presuntos delitos cometidos durante el salvamento arqueológico de la obra ferroviaria:
- Destrucción de monumentos arqueológicos.
- Falsificación de monumentos e inmuebles (señalado como un “fraude ideológico-arqueológico”).
- Mala praxis por parte de los encargados técnicos.
- Ejercicio ilícito del servicio público.
- Coalición de servidores públicos.
- Uso indebido de atribuciones y facultades.
El arqueólogo Jesús E. Sánchez, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, detalló la postura del sindicato sobre la actuación de la justicia:
Confiamos en que la labor del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, se pueda conducir —como esperamos que lo haga ante estos graves delitos por destrucción al patrimonio arqueológico e histórico de todos los mexicanos— de la manera más indiscriminada y de la manera más violenta en términos legales».
¿Qué pasó con los 47 monumentos mayas en el Parque Balam Tum?
El punto más crítico de la denuncia se concentra en la construcción del Parque Balam Tum (también referido como Balm Tun). De acuerdo con el abogado del caso, José Manuel Hermosillo Vallarta, las evidencias demuestran que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas originales fueron desarmados y modificados durante los trabajos de la vía ferroviaria.
Posteriormente, estos materiales históricos catalogados se utilizaron para levantar estructuras de nueva creación dentro del parque. El expediente entregado a la FGR incluye material fotográfico, inspecciones de campo, publicaciones académicas y reportes previos elaborados por los mismos investigadores del INAH que cuestionan la validez científica y la autenticidad de dicho espacio de exhibición.
¿Cómo afecta esta investigación al legado de AMLO y al gobierno de Claudia Sheinbaum?
El desarrollo de la obra comenzó formalmente en 2018, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador diera luz verde a su planeación y edificación. Durante su sexenio, el proyecto avanzó con rapidez bajo un esquema de salvamento arqueológico que los investigadores hoy califican de deficiente.
Con el cambio de administración federal, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum recibe este expediente abierto en la FGR. El reto para la actual mandataria radica en equilibrar la operación y consolidación del Tren Maya con el respeto irrestricto a las normas de preservación cultural y las demandas de los científicos de la nación, en un escenario donde se exige transparencia y rendición de cuentas por decisiones tomadas en el pasado reciente.
¿Quiénes son los funcionarios señalados y qué sigue en este caso?
Por cuestiones de secrecía procesal, la denuncia penal no revela de manera pública todos los nombres de los acusados. Sin embargo, los investigadores informaron que existen aproximadamente 26 servidores públicos bajo la mira, señalando directamente al antropólogo Diego Prieto, exdirector del INAH, como el principal responsable de permitir estas afectaciones.
Yo me atrevo a darles este nombre porque es el principal implicado en todos los delitos que les hemos señalado. Algunos funcionarios están involucrados en algunos de los delitos, dependiendo del momento específico en que se han desarrollado los actos desde el año 2018, cuando López Obrador dio luz verde para construcción del Tren Maya y hasta la fecha”, afirmó el arqueólogo Jesús E. Sánchez.
Este caso penal es apenas el primer paso de una estrategia legal más amplia. Los investigadores adelantaron que ya preparan denuncias similares para otros cuatro parques con características idénticas en el sureste del país, así como expedientes adicionales por presunta destrucción de vestigios en los municipios de Texcoco y Chalco, en el Estado de México.
