De no volver a aplazarse será este lunes 29 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar para dar a conocer la sentencia de los implicados en el caso Calamar, luego de que la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió posponerla por la condición de salud de uno de los implicados.
Desde el pasado 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar se ha aplazado unas 19 veces, por recusaciones, licencias por razones de salud, desgloses de imputados y otras por falta de notificación.
Tras la presentación de la última licencia médica de 30 días por parte de la defensa del exsenador Rafael Calderón, documento que fue certificado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se confirmó que el imputado no estaba en condiciones de comparecer.
En aquella ocasión, la magistrada explicó que acogió la valoración médica con el objetivo de garantizar el debido proceso y la integridad del procesado, al considerar que disponer el desglose del expediente no representaría un avance real en la etapa preliminar. Tomando en cuenta los plazos legales y los días feriados, el tribunal fijó para hoy, a las 10:00 de la mañana, la celebración de la audiencia, con todas las partes debidamente citadas.
Postura del Ministerio Público
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, no se opuso al receso, priorizando el derecho a la defensa y la salud de Calderón.
Ortiz dijo que, dada la etapa avanzada del proceso, lo más adecuado es permitir la recuperación del imputado. “Un desglose en este punto conlleva iniciar nuevamente su proceso en otro tribunal. Siendo una persona con una condición de salud conocida, estaríamos agravando su situación”,
Por su parte, Laura Acosta, representante legal del exministro Gonzalo Castillo, consideró que la normativa actual no ofrece condiciones claras para separar a un imputado cuando el proceso ya ha avanzado significativamente, calificando el escenario como un “problema procesal de difícil solución”.
A pesar de las constantes dilaciones, Acosta mostró una actitud de paciencia: “El que espera lo mucho, espera lo poco”, manifestó, sugiriendo que la defensa está preparada para continuar una vez se superen los incidentes de salud.
El caso, conocido como “Caso Calamar”, involucra acusaciones de corrupción administrativa por más de RD$19,000 millones, asociadas a pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020.
