El tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia impuso la tarde de este martes 18 meses de prisión preventiva a seis supuestos sicarios que raptaron, mataron y luego enterraron el cuerpo del empresario Richard Bolívar Santana Santos en una finca en Villa Altagracia. El tribunal también declaró el caso complejo.
Rafael Ricardo Espinal Abreu, Gabriel Elías Lesta (Papo), Armando Soto Hernández, España Contreras (Ramón) Daniela de los Santos y César Alexander Feliz (Pablo), cumplirán la decisión judicial en las cárceles hombres y mujeres de Anamuya.
El Ministerio Público, encabezado por los fiscales Hendrich Ramírez de La Rosa y Ronny J. Mercedes, ha iniciado una investigación, ya que presume que se trata de una red organizada por dominicanos deportados y exmilitares que se dedican al robo, secuestro y asesinato por encargo.
El Ministerio Público acusa a los imputados de manera directa de haber participado en el rapto de Santana Santos y Carolin Josefina Martínez Terrero, a quienes raptaron de la estación de combustible Next, ubicada en la autovía del Coral, provincia La Altagracia, en fecha 10 de diciembre del año 2020, procediendo posteriormente a asesinarlo. Mientras que a la dama, la amenazaron con matarla si hablaba o denunciaba a las autoridades sobre el secuestro.
El tribunal acogió en todas sus partes lo solicitado por el Ministerio Público, que adelantó, pedirán 20 años para la supuesta banda criminal.
Historia del hecho
El cuerpo sin vida del empresario Richard Bolívar Santana Santos, de 45 años, fue exhumado dentro de una finca el viernes 9 de enero, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
Bolívar Santana laboraba como suplidor eléctrico del Estado y familiares afirmaron que fue sacado a la fuerza de su vehículo -una yipeta Hiunday Santa Fe- el 10 de diciembre de 2020, por hombres con pertrechos militares, en una estación de combustibles ubicada en la autopista El Coral, en la zona este del país.
Al momento del secuestro, según los parientes, Santana Santos estaba acompañado por una mujer de nacionalidad norteamericana que fue dejada en libertad por los secuestradores, posteriormente a las investigaciones, también por la Policía Nacional, tras presiones de la Embajada de Estados Unidos.
Los familiares se querellaron por ante la Policía, quienes finalmente encontraron el cuerpo del occiso.
