Ucrania solicitó formalmente este martes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, que inicie una investigación sobre el presunto uso de municiones tóxicas prohibidas por parte de Rusia durante la invasión a su territorio.
En el documento remitido al organismo internacional, Kiev solicita al director general de la OPAQ la creación de un “mecanismo independiente e imparcial” que permita investigar los presuntos casos de empleo de armas químicas en Ucrania, dicho mecanismo debería contar con facultades para recopilar pruebas adicionales e identificar a los responsables, organizadores y patrocinadores de estos actos.
La OPAQ, organismo de desarme que reúne a 193 Estados parte, indicó el año pasado que las denuncias anteriores presentadas por ambas partes en conflicto carecían de sustento suficiente, sin embargo, nuevas evidencias podrían cambiar el rumbo de las investigaciones.
Recientemente, agencias de inteligencia de Países Bajos y Alemania aseguraron disponer de pruebas sobre el uso generalizado de armas químicas ilegales por parte del ejército ruso en la línea del frente, de acuerdo con la Agencia de Inteligencia Militar neerlandesa, al menos tres soldados ucranianos habrían muerto y más de 2.500 combatientes presentaron síntomas compatibles con intoxicación por agentes químicos.
En respuesta a estas acusaciones, el Reino Unido anunció el lunes nuevas sanciones contra altos mandos militares rusos. Entre los sancionados figuran el general de división Alexéi Rtishchev, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, y su adjunto, el general Andrei Marchenko.
Asimismo, se incluyó en las sanciones al Instituto de Investigación Científica de Química Aplicada, acusado de suministrar al ejército ruso granadas RG-VO, utilizadas en violación de la Convención sobre Armas Químicas.
Por su parte, la OPAQ publicó recientemente un informe tras una misión técnica en Ucrania, en el que se confirma la presencia del compuesto 2-Clorobencilidenomalononitrilo (CS), más conocido como gas lacrimógeno, en un incidente ocurrido en la región de Dnipró en septiembre del año pasado. Las muestras analizadas contenían el agente químico CS, cuyo uso en contextos de guerra está expresamente prohibido por la Convención, recordó el organismo.
Ambas partes del conflicto Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de emplear sustancias químicas prohibidas. El representante ruso ante la OPAQ, Kirill Lysogorsky, responsabilizó a Kiev de un uso sistemático de agentes tóxicos. Mientras tanto, la subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, Bonnie Jenkins, expresó su preocupación por la cantidad de incidentes atribuidos a Moscú, y recalcó que el uso de agentes antidisturbios por parte de Rusia “no ha sido un secreto”.
En enero de 2024, Ucrania denunció ante la comunidad internacional el uso de granadas RG-VO cargadas con gas lacrimógeno CS por parte de las tropas rusas, lo que reavivó el debate sobre el cumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas, de la cual Rusia sigue siendo Estado signatario. Esta denuncia provocó una escalada diplomática entre Moscú y Washington en el seno de la OPAQ, después de que la organización confirmara la presencia de agentes químicos prohibidos en varias zonas de combate.
En ese contexto, el director general de la OPAQ, Fernando Arias, subrayó que corresponde a todos los Estados parte proteger los principios fundamentales de la Convención. “Cualquier uso de armas químicas es absolutamente inaceptable y representa una violación de las normas legales y de los estándares internacionales”, advirtió.
El creciente escrutinio internacional sobre el presunto uso de sustancias químicas en el conflicto ucraniano aumenta la presión sobre la OPAQ, que ahora evalúa la posibilidad de activar mecanismos de investigación específicos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
