Este viernes 14 de mayo arrancó el período legislativo de la nueva Asamblea Nacional de Ecuador, electa para los próximos cuatro años.
Son 137 asambleístas (15 nacionales, 116 provinciales y 6 en representación de los ecuatorianos en el exterior) que conforman el Parlamento del país suramericano, electos en los comicios del pasado 7 de febrero.
En el nuevo Congreso, el mayor número de legisladores es opositor al mandatario electo del país, Guillermo Lasso, quien asumirá el poder el próximo 24 de mayo y solo cuenta con una docena de asambleístas, ubicándose como la quinta fuerza política dentro del órgano legislativo.
«Existirá, evidentemente, un presidente de la República débil políticamente, con un quinto bloque parlamentario», opina el analista político Mauro Andino.
Las bancadas
En los comicios, 48 legisladores del Congreso saliente buscaron la reelección, incluyendo a quien presidía el organismo, el asambleísta César Litardo; sin embargo, solo 13 consiguieron quedarse en sus puestos.
De acuerdo con los resultados de las elecciones, la bancada de la coalición política Unión por la Esperanza (Unes), que aglutina al correísmo, es la que más parlamentarios tiene, con 49 curules —siete de ellos reelectos—.
A esta agrupación, le sigue el bloque parlamentario del indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que logró conseguir 27 puestos; sin embargo, el número bajó a 26, luego que, a dos días de instalarse la nueva Asamblea Nacional, Omar Cevallos, uno de los legisladores electos por este partido en la provincia del Guayas, se retiró y se declaró independiente.
La tercera fuerza política dentro del nuevo Parlamento está conformada por Izquierda Democrática, que consiguió 18 curules.
A esta le sigue el Partido Social Cristiano (PSC), también con 18 parlamentarios; cifra que bajaría a 17, luego que el asambleísta electo por esa agrupación César Rohón anunciara su posible salida del bloque.
Seguido, está el movimiento Creando Oportunidades (Creo), la organización de Lasso, que será la agrupación oficialista, con sus 12 legisladores.
«En sentido estricto, (los de Creo) ni siquiera constituyen un bloque por sí solos, porque para ser considerado como bloque parlamentario se necesita tener al menos 14 legisladores», dice Andino y señala que esto significa que «tienen que incorporar asambleístas, probablemente independientes o de movimientos locales o de movimientos nacionales que, de pronto, sacaron máximo una representación, para completar los legisladores que exige la ley para tener una bancada».
Los 13 legisladores restantes son: 2 de Avanza, 2 de la Alianza Honestidad, 2 de Ecuatoriano Unido y 1 por la Alianza Azuay Primero, Construye, Democracia Sí, el Movimiento Acuerdo Ciudadano, el Movimiento Minga, Unión Ecuatoriana y Sociedad Patriótica – Antisuyu Ushito, respectivamente.
De mayorías y alianzas
Con esas cifras, ninguna bancada cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, que son 70 votos —la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional—, los necesarios para, por ejemplo, expedir, reformar o derogar leyes orgánicas, que son las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados y las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.
En la Asamblea Nacional también se aplica el voto por mayoría simple, que es la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión del Pleno. Con ello se aprueban los acuerdos o resoluciones del órgano legislativo.
Y también está la mayoría calificada, que son 91 votos o dos tercios de los miembros del Parlamento, por ejemplo, para destituir al presidente, a los ministros de Estado y a los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura.
El PSC y Creo coinciden ideológicamente. Estas dos fuerzas se aliaron en favor de la candidatura de Lasso a la Presidencia y esa alianza se mantenía al interior del Parlamento, aunque sus votos eran insuficientes para darle paso a leyes que propusiera el nuevo mandatario sin tener que negociar con las otras bancadas; sin embargo, apenas instalada la Asamblea Nacional hubo una ruptura: «Han demostrado que su palabra y su firma no valen para nada», reprochó el Partido Social Cristiano al movimiento oficialista en un comunicado.
Pachakutik e Izquierda Democrática confirmaron una alianza en febrero pasado para trabajar juntos en la Asamblea Nacional. Pero, unidos alcanzan apenas 44 curules.
Aunque ideológicamente Pachakutik tiene muchas coincidencias con Unes —y juntos podrían tener 75 votos en el Parlamento o 93 si se suma a Izquierda Democrática, es decir mayoría calificada— los dirigentes del partido indigenista se han negado a alcanzar un acuerdo con el correísmo; incluso, el excandidato presidencial Yaku Pérez advirtió con dejar el movimiento de darse esa relación.
De acuerdo con Andino, los parlamentarios independientes «van a ser determinantes en esta legislatura», porque «un voto o dos votos van a ser cruciales» para las decisiones dentro del Congreso.
La relación con el Ejecutivo
Andino comenta que en Ecuador, donde rige un régimen presidencialista, «las relaciones del Ejecutivo y Legislativo históricamente han sido relaciones políticas súper tensas, súper conflictivas y se agudizan mucho más cuando el Ejecutivo de turno ha carecido de una mayoría parlamentaria».
El único período donde esto no ocurrió fue en el de 2013-2017 cuando el entonces partido oficialista, Alianza País, dominaba en el Parlamento y estaba en la Presidencia, con Rafael Correa, lo que, a juicio de Andino, «viabilizaba la agenda parlamentaria».
Ante la realidad del nuevo Parlamento, señala que será «complejo el proceso de gobernabilidad para el presidente electo Guillermo Lasso».
Sin embargo, señala que el Ejecutivo, en este régimen presidencialista, tiene muchas ventajas y cuenta con «resortes institucionales», por el manejo del presupuesto del Estado (recursos económicos) y la administración pública central, «que le van a permitir configurar ciertas fuerzas en favor de él» dentro del Parlamento.
«Esa es una de las prácticas en las que nos podemos ver abocados en este período (legislativo), hay que tener mucha atención con eso», enfatizó.
Los desafíos
«Creo que la Asamblea debe estar a tono con las demandas mundiales», dice Andino y al respecto señala que uno de los desafíos de esta nueva legislatura es en materia fiscal, para «gravar» a las grandes fortunas, en especial en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Otro tema es la discusión y aprobación del Código Orgánico de la Salud (COS), luego que el presidente Lenín Moreno vetara totalmente el aprobado el año pasado, tras años de estancamiento en el Parlamento. Desde el Ejecutivo se alegó que «no existió rigor científico ni clínico» para su aprobación.
También, dice Andino, urge discutir cuestiones en materia laboral. «Hay sectores que necesitan ser regulados bajo otras dinámicas», opina y aclara que no se refiere a avalar formas de precarización de los trabajadores; el objetivo es «reactivar el aparato productivo y generar empleo digno».
El analista añade que también son necesarias nuevas reformas al Código de la Democracia. Por ejemplo, indica que uno de esos cambios debería ser al artículo 19 que, a su juicio, «les da prácticamente una inmunidad permanente a los consejeros del CNE (Consejo Nacional Electoral) y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al decir que ellos no pueden ser procesados penalmente y, peor, privados de su libertad, mientras estén en el ejercicio de sus funciones»; la norma exceptúa estas sanciones en caso de delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género.
En materia de fiscalización, la nueva Asamblea, menciona Andino, lo primero que debe hacer es fiscalizar el plan de vacunación contra el covid-19, tanto el que va a ejecutar Lasso, quien dijo que vacunará a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno, como el que ya puso en marcha Moreno.
También, fiscalizar al Ejecutivo en cuanto al sistema de rehabilitación social del país, sobre «qué se va a hacer en el tema de las cárceles», donde se han registrado varios motines en los últimos meses, incluyendo la peor masacre penitenciaria del país, que se registró el pasado 23 de febrero, cuando hubo amotinamientos simultáneos en varios centros de reclusión, que dejaron un saldo de 79 reos muertos.
Otra cuestión que Andino considera importante es el darle seguimiento al informe de una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo —pero con actuación independiente—, que analizó los hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, y concluyó que el Estado es responsable de la represión y las violaciones de derechos humanos, que dejaron muertos y heridos.
Asimismo, que se someta a juicio político y destituya a los consejeros del CNE, al considerar que «este fue el proceso electoral (elecciones del 7 de febrero y 11 de abril) más turbio de la historia».
Los nuevos legisladores, además, tienen como reto rescatar la imagen de la Asamblea Nacional, ya que el Parlamento saliente culmina con 10,7 % de aprobación y 7,6 % de credibilidad, de acuerdo a una encuesta de Cedatos, publicada por el diario El Universo.
