Diversos sectores sociales y comunitarios realizaron una marcha este miércoles en rechazo al decreto presidencial 162-25, que crea el fideicomiso público para la administración del Teleférico de Puerto Plata, actualmente cerrado desde hace más de 14 meses.
La manifestación partió desde la Plaza Independencia y concluyó en la sede de la Gobernación Provincial, donde los organizadores entregaron un documento solicitando al Poder Ejecutivo la derogación inmediata del decreto, al considerar que no garantiza transparencia ni participación ciudadana.
Mientras tanto, el Ministerio de Turismo reiteró que el fideicomiso no implica la privatización del teleférico, sino que es un instrumento legal que permitirá su rehabilitación, mantenimiento y operación sostenible, sin ceder propiedad al sector privado. La entidad subrayó que el modelo busca agilizar los procesos que han impedido la reapertura del icónico atractivo turístico.
El ministro de Turismo, David Collado, ha sostenido reuniones con representantes comerciales y turísticos, incluyendo la Asociación de Vendedores del Teleférico y la Federación de Desarrollo del Norte (FEDANORTE), quienes firmaron un acuerdo de apoyo a la figura del fideicomiso como parte del plan de recuperación del espacio.
Sin embargo, dirigentes comunitarios como Luis Bencosme y Patricia Reyes Marmolejos denunciaron que la población no ha sido consultada de manera amplia y que las reuniones realizadas por el Gobierno incluyeron solo a un grupo reducido de actores. Reyes Marmolejos cuestionó además las contradicciones en los mensajes oficiales, y exigió mayor claridad sobre el alcance del fideicomiso.
A pesar del respaldo parcial de sectores turísticos, los organizadores de la protesta advirtieron que evalúan acciones legales para dejar sin efecto la disposición presidencial, mientras el Gobierno mantiene su agenda de socialización para explicar los beneficios del nuevo esquema de gestión.
El Teleférico de Puerto Plata, uno de los principales símbolos turísticos de la región norte, continúa fuera de servicio desde hace más de un año, convirtiéndose en un punto de conflicto entre el Estado, el sector turístico y comunidades locales que demandan mayor participación en las decisiones que afectan al patrimonio de la provincia.
