El año pasado y luego de un largo trámite que duró más de 18 años, desde que llegó de su natal Ecuador a la Gran Manzana, José tuvo uno de los días más felices de toda su vida, tras juramentar como ciudadano estadounidense, en una emotiva ceremonia en Brooklyn.
El padre de familia, quien ingresó al país con una visa de turista en 2005 y se quedó más allá del tiempo permitido antes de casarse con una “americana”, con quien tiene dos hijos, asegura que atravesó por “un espinoso proceso” para convertirse en residente permanente y finalmente naturalizarse. Y aunque justo por esta misma fecha en 2024 estaba que no cabía de la felicidad al recibir su “diploma” de ciudadano, ahora se confiesa “lleno de miedo”. Teme que la administración federal le quite su ciudadanía.
Aunque el neoyorquino tiene claro que ha llevado una vida tranquila en Estados Unidos y ha respetado la ley, el reciente anuncio del gobierno Trump que busca revocar la ciudadanía estadounidense a extranjeros que hayan cometido ciertos delitos, según un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) emitido el 11 de junio, le genera angustia. No debe nada pero la sensación es extraña.
“Yo soy ciudadano y mi proceso fue totalmente legítimo, pero me siento raro. Me preocupa mucho todo esto, porque cuando este gobierno dice que va a anular ciudadanías si descubre ‘delitos ocultos’, fácilmente puede terminar incluyendo cualquier falta menor, como hemos visto que ha pasado con residentes a los que han arrestado, como cosas tan simples como violaciones de tránsito, para empezarnos procesos”, comenta el ciudadano naturalizado.
“Yo he tenido multas por velocidad, una vez me multaron por problemas con las basuras y antes de hacerme residente, me quedé aquí varios años sin estatus y admití que trabajé sin papeles. Me angustia que ahora me puedan salir con que esas faltas sean consideradas delitos y me quiten mi ciudadanía”, agrega el neoyorquino, quien por temor no revela su apellido ni su edad. “Por eso hasta cancelé mis planes de viaje este verano. Por primera vez me siento como un ciudadano de papel. Es una sensación muy fea”.
María López, originaria de República Dominicana, quien es residente permanente hace más de 10 años, y quien dice que “nunca vio necesario” naturalizarse, presentó su solicitud para obtener la ciudadanía hace apenas dos meses, motivada “por todos los casos que otros residentes a nivel nacional están enfrentando”. Sin embargo, aunque decidió dar el paso a la naturalización, ahora confiesa que no sabe “si fue una buena o mala decisión”, debido al mayor escrutinio que la administración Trump busca hacer con ciudadanos naturalizados.
“Yo hice el esfuerzo de hacerme ciudadana porque pensé que eso iba a ser una protección para que no me saquen de este país, pero ya yo no sé. Me asusta que ahora que presenté mi solicitud me pongan problema por algo que uno pudo haber llenado mal o por alguna cosa rara que a uno le busquen”, comenta la residente. “Es como si uno ya fuera visto como criminal que tiene que probar su inocencia. Yo la verdad estoy dando gritos”.
Testimonios como los de José y María dejan ver que los temores y preocupaciones sobre el plan de cancelación de ciudadanías están comenzando a asaltar a muchos de los 2.7 millones de ciudadanos naturalizados que se estima viven en Nueva York, quienes representan alrededor del 13% de los 25 millones de naturalizados que hay en todo el país, y a potenciales ciudadanos.
Y sobre el efecto real que la implementación del memorando federal pudiera tener, aunque los procesos para despojar a un ciudadano naturalizado de su ciudadanía son largos y bastante inusuales, algunos expertos en asuntos de Inmigración temen que se esté abriendo una puerta a un nuevo frente de persecución contra inmigrantes legales.
Y es que aunque el Departamento de Justicia (DOJ) menciona que priorizará 10 delitos por los que se puede revocar la ciudadanía a las personas naturalizadas, entre ellos fraude, personas que representen un peligro para la seguridad nacional, terrorismo, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, conexiones con bandas criminales transnacionales y carteles de la droga y delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización, hay una ventana en el memorando que genera alarma.
La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) mostró preocupación por la vaguedad y el amplio alcance de la directriz ya que el DOJ establece que se evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo “suficientemente importante como para investigarlo”, lo que daría a los fiscales mayor discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Palabras más, palabras menos, dicha organización destaca que el texto sugiere que “cualquier delito, en cualquier momento, puede utilizarse para justificar la desnaturalización”, lo que también afectaría el respeto al debido proceso
Sin embargo, el abogado Andrés Santamaría Cortés, supervisor de la oficina legal de la organización Make the Road NY de Queens, por ahora da una voz de calma, pues explica que a pesar de que el memorando del Departamento de Justicia genera alarma, es necesario esperar a que se empiece a utilizar para poder establecer el impacto que tendrá.
Por ello, la recomendación que da es que quienes ya son ciudadanos naturalizados sigan haciendo uso de los derechos que la Constitución les otorga, y quienes tienen planes de tramitar su ciudadanía que consulten a un abogado para establecer el paso a seguir.
“A quienes desean diligenciar sus procesos de naturalización les recomiendo hablar con un abogado para mirar y poder analizar cada caso y se defina si se debe aplicar o no en este momento. Pero deben asegurarse de que hablen con un experto y no con asistentes legales o notarios, quienes quizá no sepan bien toda la información”, dijo el abogado de Inmigración.
“Y a los ciudadanos naturalizados les digo que es importante que como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos. Si hay algo que tenemos el derecho de hacer, como viajar, como votar o como ir a protestas, hay que seguir usando esos derechos”, dijo el experto. “Sobre el memo que acaba de salir, todavía es difícil saber qué va a suceder. Tenemos que esperar, porque todo lo que se dice ahora que pudiera pasar, por ahora son más que todo rumores. Hay que ver qué y cómo van a implementarlo. Antes de eso no podemos saber nada a ciencia cierta”.
El abogado también mencionó que despojar a una persona de la ciudadanía es un proceso inusual que además lleva tiempo, donde las cortes deberán escuchar alegatos y argumentos de los procesados, y aunque por tratarse de un tribunal civil el afectado no tiene la protección de un abogado de oficio pagado, todavía puede contratar los servicios de un defensor para que lo ayude.
“Falta ver también qué presión política y del público habrá. Pero por ahora la amplia mayoría de los ciudadanos naturalizados no deberían tener ningún problema. Cosas como multas de tránsito no son causales para perder la ciudadanía”, agregó el abogado, quien sobre eventuales demandas contra el gobierno por el intento de quitar la ciudadanía destacó que estarán atentos.
“Por ahora es un memorando, pero si vemos que en el futuro hay ciertas cosas que están tratando de cambiar en las leyes de inmigración o cambiar regulaciones o añadir nuevos crímenes para empezar procesos para desnaturalizar alguien, eso no podría cambiarse solo con un memo”, manifestó Santamaría. “En ese caso definitivamente sí habría demandas en las cortes, pero hay que esperar a la implementación del memorando, porque por ahora no puede haber una demanda hasta que no haya un daño”.
La advertencia del Departamento de Justicia llega en momentos en que la Corte Suprema emitió un fallo que abre camino a que la administración federal pueda seguir adelante con sus planes de no otorgar ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de indocumentados que frena la capacidad de los tribunales inferiores para impedir que el gobierno implemente sus políticas.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) advirtió que el intento de la administración Trump de despojar a ciudadanos naturalizados de su ciudadanía estadounidense es “una amenaza directa a la promesa de que la ciudadanía, una vez otorgada, es permanente y segura”, y agregó que es una manera de intentar callar o frenar a críticos y opositores y expulsar a inmigrantes.
“Sabemos cómo funciona esto: el pretexto más endeble de ‘fraude’ se utilizará para atacar a inmigrantes y a quienes la administración Trump percibe como sus enemigos. El memorando del 11 de junio no es menos que un ataque a nuestra democracia y una peligrosa escalada de su agenda de deportación masiva, y cuando los casos procedan con seriedad, es probable que se debatan en los tribunales”, dijo el defensor de la comunidad inmigrante, quien pidió acciones de los líderes políticos para ponerle freno a Trump y a los neoyorquinos a no dejarse llevar por el miedo.
“Instamos a la Delegación del Congreso de Nueva York y al Congreso a que tomen medidas inmediatas para bloquear cualquier autoridad legal que permita esta instrumentalización del proceso de desnaturalización”, dijo Awawdeh. “Pedimos a los neoyorquinos a no entrar en pánico y a buscar asesoría legal para que reciban asesoría”.
La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, destacó que el camino que habrá que recorrer mientras Trump esté en la Presidencia será bastante largo pero mencionó que Nueva York dará la pelea usando las herramientas legales que estén disponibles para proteger tanto a indocumentados como a inmigrantes, residentes y ciudadanos naturalizados, tal como ya se está haciendo con la defensa de la ciudadanía para cualquier niño que nazca en territorio estadounidense.
“Esta lucha está lejos de terminar”, le dijo a El Diario la fiscal James, al tiempo que destacó que “es el derecho constitucional el que hace que nuestro país sea único y especial”. “Seguiré trabajando con mis colegas fiscales generales y seguiré defendiendo la Constitución y los valores que nos unen y hacen grande a esta nación”.
Arlette Cepeda, subdirectora de la organización La Colmena, hizo un llamado a autoridades estatales para que brinden protecciones a la comunidad inmigrante, y tras confirmar que hay mucho miedo en la comunidad, instó a que la gente se informe y se apoye de entidades de confianza.
“Seguimos monitoreando las acciones de esta administración para mantener informada a nuestra comunidad inmigrante. Frecuentemente recibimos llamadas de personas preocupadas por las malas intenciones de esta administración, lo cual genera miedo e incertidumbre”, dijo la activista. “Seguimos organizando, educando a personas sobre sus derechos y permanecemos vigilantes. Pedimos al Estado de Nueva York que actúe con urgencia y pase la legislatura “NY For All” y recordemos a nuestra comunidad que no están solos. Infórmense, conozcan sus derechos y acérquense a organizaciones confiables como la nuestra”.
Zohran Mamdani, candidato demócrata por la Alcaldía de Nueva York, quien se naturalizó como ciudadano en 2018 y a quien Trump ha tachado de estar “ilegal” en el país y ha amenazado con arrestar y despojar de su ciudadanía, criticó el intento del Gobierno por irse contra ciudadanos legalmente naturalizados.
“El presidente de Estados Unidos acaba de amenazarme con arrestarme, despojarme de mi ciudadanía, internarme en un centro de detención y deportarme. No porque haya infringido ninguna ley, sino porque me niego a permitir que ICE aterrorice nuestra ciudad”, comentó el líder neoyorquino, tras advertir que no bajará la guardia en su lucha por denunciar los abusos de la administración federal. “Sus declaraciones no solo representan un ataque a nuestra democracia, sino un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras: si alzan la voz, los perseguirán. No aceptaremos esta intimidación”.
Quiénes pudieran perder la ciudadanía según el memorando
- Personas vinculadas al terrorismo, tráfico humano o espionaje que amenacen la seguridad nacional
- Violadores de derechos humanos involucrados en actos de tortura, crímenes de guerra u otros abusos
- Miembros del crimen organizado o simpatizantes de pandillas, cárteles o grupos criminales transnacionales
- Quienes hayan cometido delitos graves no revelados, personas que ocultaron condenas por delitos graves durante su proceso de naturalización
- Quienes hayan cometido delitos violentos y delitos sexuales como trata de personas, explotación sexual de menores, pornografía infantil o actos violentos
- Delincuentes de fraude financiero contra el Gobierno, personas que hayan participado en esquemas como el programa de protección de pagos de préstamos de nómina, fraude a Medicare o Medicaid. Fraude financiero privado, fraude contra particulares, empresas o fondos privados
- Quienes hayan cometido fraude en su proceso de naturalización como Ciudadanía obtenida mediante corrupción, fraude o tergiversación
- Personas con casos penales remitidos relacionados con acusaciones no contempladas en otras prioridades
- Cualquier caso adicional que la División Civil considere importante o causal para cancelar una ciudadanía
Datos sobre ciudadanos naturalizados y casos de revocatorias de ciudadanía
- 25 millones de ciudadanos en Estados Unidos son naturalizados
- 2.7 millones de ciudadanos naturalizados viven en todo el estado de Nueva York
- 818,500 nuevos ciudadanos fueron naturalizados en el año fiscal 2024, según USCIS
- 7% se redujo el número de naturalizaciones con respecto al año pasado
- 10.6% de los nuevos ciudadanos naturalizados el año pasado son de Nueva York
- 300 casos para revocar ciudadanía, con un promedio de 11 casos al año, se registraron en el país entre 1990 y 2017
- En 2018, con Trump en su primer mandato, USCIS anunció que remitiría aproximadamente 1600 casos al Departamento de Justicia
