El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Unión Europea (UE), al no presentar objeciones a la propuesta emitida por la Comisión Europea el pasado 10 de junio.
La decisión forma parte de una actualización periódica del listado de países y territorios sujetos a vigilancia financiera reforzada, debido a deficiencias regulatorias que impiden una lucha efectiva contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Con esta revisión, la UE elimina de la lista a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos, e incluye a Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
A diferencia del listado de paraísos fiscales elaborado por el Consejo de la UE, esta clasificación no conlleva sanciones automáticas. Sin embargo, sí obliga a las entidades financieras europeas y a otros actores económicos a reforzar sus controles sobre transacciones vinculadas a los países incluidos, con el fin de prevenir actividades ilícitas.
La incorporación de Venezuela responde a la conclusión de que su marco regulatorio actual presenta fallas significativas para combatir eficazmente el blanqueo de capitales y el terrorismo, según la Comisión Europea.
Polémica por la exclusión de Gibraltar
La salida de Gibraltar del listado generó críticas dentro del propio Parlamento Europeo, especialmente por parte del Partido Popular (PP), que cuestionó el voto favorable del Partido Socialista a la exclusión del territorio británico.
La eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, advirtió que Gibraltar “cumple todos los indicadores para ser considerado un paraíso fiscal”, y calificó la decisión como “precipitada, injustificada y perjudicial” para los intereses fiscales y económicos de España.
Según datos citados por el partido, Gibraltar alberga más de 14.000 empresas activas, lo que equivale a una compañía por cada 2,4 habitantes, y provoca una pérdida fiscal estimada de 7.000 millones de dólares anuales para la UE.
No obstante, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la exclusión del territorio, asegurando que el acuerdo entre Bruselas, España y Reino Unido garantiza “igualdad de condiciones en materia de lucha contra el blanqueo y el financiamiento del terrorismo”.
“Gibraltar cumple total y continuamente con todas las obligaciones internacionales relevantes”, afirmó.
El nuevo listado propuesto por la Comisión Europea entrará en vigor de manera automática, salvo que el Parlamento o el Consejo lo rechacen por mayoría.
