26 de febrero de 2024

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Ovación en la Asamblea francesa a la diputada que fue drogada por un senador

PARÍS.- La Asamblea Nacional francesa ovacionó este martes a la diputada Sandrine Josso en su regreso a la cámara después de haber sido drogada con éxtasis el pasado 14 noviembre por el senador Joël Guerriau.

En una breve intervención, interrumpida por los aplausos, Josso, de 48 años, pidió que la sumisión química se tome en serio por parte de los poderes públicos y aseguró que, de cada 10 personas drogadas, nueve son mujeres y la mayor parte de ellas (70 %) sufre agresiones sexuales.

En el caso de la diputada centrista del partido Modem, que había sido invitada a la vivienda de Guerriau (66 años) para celebrar la reelección de este como senador, ella logró escapar y tomar un taxi antes de caer completamente inconsciente por beber una copa de champán que contenía éxtasis.

«Esa violencia (la de drogar para cometer abusos) es una cuestión de orden público, sanidad y educación», denunció Josso, dirigiéndose a la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, presente en la Asamblea.

Bergé coincidió con la diputada en la importancia de frenar esa práctica y reconoció que el Gobierno «debe de ir más lejos» respecto a la legislación vigente de 2018.

«Durante mucho tiempo no hemos escuchado a las mujeres, ahora sí, las escuchamos y creemos en ellas», apuntó.

El caso de la diputada Josso ha tenido un gran eco mediático en Francia. Poco después de la denuncia a mediados de noviembre, agentes de la Policía Judicial incautaron en el domicilio del senador éxtasis.

Después de ser imputado, Guerriau fue puesto en libertad con cargos y la prohibición de contactar con Josso.

El senador fue entonces suspendido por su partido (Horizons) y su grupo parlamentario (Independientes del Senado).

Guerriau siempre ha defendido su inocencia y asegurado que todo se debió a un error de manipulación de la sustancia, según palabras de su abogado.

Aún así, se enfrenta a cargos de posesión y uso de sustancias estupefacientes y a suministrarlas a otra persona a fin de cometer una violación o una agresión sexual, castigados con un máximo de cinco años de prisión y una multa de hasta 75.000 euros.