La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en República Dominicana continúa generando un intenso debate judicial y social. El colapso parcial del techo dejó como saldo 232 fallecidos, 186 heridos y numerosos sobrevivientes, entre ellos el joven Brian Saldaña, quien perdió a su esposa, Ruth Elisa Jérez, madre de su hijo de 14 años.
Este lamentable hecho ha impulsado múltiples demandas legales en busca de justicia y compensaciones económicas, siguiendo precedentes de otros casos similares tanto en el país como en el extranjero.
Especialistas en derecho consultados han explicado que los propietarios del establecimiento, especialmente Antonio Espaillat, socio mayoritario de la empresa, enfrentan posibles cargos de homicidio involuntario, conforme lo estipula el artículo 319 del Código Penal.
Aunque el Ministerio Público informó sobre la apertura de una investigación pocos días después del siniestro, hasta el momento no se ha formalizado ninguna acusación directa contra los propietarios.
Antonio Espaillat manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mediante una carta enviada a la fiscalía, pero aún no ha sido citado formalmente para responder ante la justicia.
El desarrollo del proceso judicial está siendo influenciado por antecedentes recientes, como la explosión de la fábrica Polip Plast y el derrumbe del edificio de R y S Multimuebles en La Vega. En ambos casos, las víctimas lograron acuerdos económicos en el ámbito civil, aunque muchas personas consideraron los resultados como insuficientes.
De manera similar, tras la explosión en el mercado de San Cristóbal en 2023, familiares de las víctimas retiraron sus querellas penales luego de alcanzar acuerdos económicos, aunque persiste un proceso civil en curso contra las autoridades estatales.
La tragedia del Jet Set también ha puesto en evidencia prácticas como el traspaso de bienes para evitar embargos. Ante esta situación, la Procuraduría General de la República ordenó la inmovilización de propiedades relacionadas a Antonio Espaillat, en un intento por asegurar los activos frente a futuras reclamaciones judiciales.
Las víctimas y sus familiares analizan la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños materiales, físicos y emocionales, con cifras estimadas que podrían alcanzar hasta 800 millones de pesos dominicanos, según fuentes jurídicas consultadas.
A nivel internacional, situaciones similares han terminado en severas penas de prisión y millonarias compensaciones económicas. Por ejemplo, el incendio en una discoteca universitaria en Brasil dejó 242 muertos y concluyó con condenas de hasta 22 años de prisión para los responsables.
En Argentina, tragedias en locales como Cromañón derivaron en sentencias de hasta 20 años para organizadores y funcionarios públicos. También, en Estados Unidos, el colapso del edificio Champlain Towers South culminó en un acuerdo de compensación superior a los 1,000 millones de dólares.
En contraste, la justicia dominicana ha sido objeto de críticas por su lentitud, ineficiencia y falta de sentencias ejemplares en casos similares, lo cual genera dudas sobre la posibilidad de alcanzar una resolución justa en el caso del Jet Set.
Sin embargo, abogados recordaron que los afectados cuentan con un plazo de dos años para presentar acciones civiles por daños y perjuicios. Además, insistieron en que el Estado, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas y asegurar el debido proceso.
Actualmente, el futuro de las demandas contra el Jet Set y sus propietarios dependerá de la capacidad de los afectados para sostener los procesos legales frente a las tácticas dilatorias y los obstáculos propios del sistema judicial dominicano. Mientras tanto, la presión social y la exigencia de justicia se mantienen firmes en todo el país.
