Inmigrantes como Rubiela Correa, Ana Ramírez, Felipe Idrobo y Santa Arias, llevan ya casi 3 semanas en una huelga de hambre con la que intentan conmover y presionar a la Legislatura estatal y al gobernador Andrew Cuomo de aprobar $3,500 millones de dólares para un fondo que ayude a cientos de miles de neoyorquinos excluidos de ayudas federales y estatales en la crisis del COVID-19.
Y además de los más de 270,000 trabajadores sin papeles, que estiman han tenido que pasar las verdes y las maduras desde que empezó la pandemia del coronavirus al no tener ningún tipo de estímulo, otra población por la que vela la huelga y defienden la necesidad de que se dé luz verde al fondo de $3,500 millones, son los presos recién salidos de la cárcel.
Los promotores de la iniciativa, en poder de la Legislatura estatal en sus últimas negociaciones alrededor del presupuesto, advierten que si no se le da la mano a unos 45,000 presos que han salido de las cárceles desde que empezó la pandemia para que se mantengan a flote, se creará otra crisis explosiva en medio de la crisis que ya existe.
Eso lo sienten en carne propia neoyorquinos que salieron de prisión recientemente como Charly Martínez, quien asegura que al ya difícil proceso de readaptación a la sociedad, tras haber permanecido varios meses encerrado, tratar de “pararse otra vez” en medio de las heridas que ha dejado la pandemia del COVID-19 resulta más difícil, sin ayuda.
“La gente piensa que cuando uno sale de la cárcel y recupera su libertad todo es alegría, pero a muchos nos toca vivir otro tipo de cárcel afuera. No solo no tenemos casa propia donde estar, en la cárcel no lo ayudan a uno bien en el salto a la calle, no nos dan trabajo por el sello de haber sido presos y ya no cuadramos bien con la familia, sino que uno sale con traumas y lo deprime a uno verse sin un dolar en el bolsillo”, asegura el joven de 29 años, quien prefiere no hablar del penal donde estuvo ni del delito que lo llevó allá. “Nosotros no podemos pedir seguro de desempleo, porque no calificamos y muchos no hemos hecho en años impuestos, entonces no nos llega ninguna ayuda así tengamos papeles. Es muy duro tratar de levantarse cuando todas las condiciones y ahora la pandemia, lo empujan a uno para abajo“.
Un sentimiento similar embarga a Dawedo Sanon, quien fue liberada hace casi tres semanas de la cárcel y además de haber estado en la prisión de mujeres de Taconi, en Bedford Hills, al norte de Nueva York, estuvo en un centro de detención de ICE. La joven de 28 años, originaria de Haití, asegura que aunque tiene unas “ganas enormes” de retomar su vida, y tal vez volver a los estudios de enfermería que llevaba cuando fue arrestada, el panorama ha sido todo, menos miel sobre hojuelas para ella.
“Si antes las cosas eran difíciles, ahora es peor volver a la comunidad, especialmente porque no hay trabajo y además uno sale con el estigma de que estuvo preso. Por eso urge que aprueben fondos de ayuda para quienes estamos saliendo a la calle en medio de la pandemia para podernos levantar”, comentó la exreclusa, quien estuvo 2 años y medio privada de la libertad.
La antigua interna hizo un llamado a la Administración Cuomo y a la Legislatura para que ayuden a presos que como ella recuperaron su libertad en medio de la pandemia. Solo pide una oportunidad para “volver a volar y a soñar”.
“Todos merecemos una segunda oportunidad. Nadie es perfecto. Somos humanos, que cometimos errores, pero queremos un chance. No somos lo peor de lo peor, somos personas con familias, y la mayoría queremos ser mejor gente, ser parte de la sociedad. Solo pedimos que nos abran una puerta y nos ayuden”, agregó la caribeña.
La joven, quien ha contado con la fortuna de llegar a casa de su familia en Albany, agregó que si el Estado le da la espalda a los reclusos liberados, y no aprueba los fondos, estaría confirmando que “el sistema es inhumano y está diseñado para dejar por el piso a quienes salen de prisión mayormente gente de color y latinos”, y sin opción alguna a una redención.
Bianca Guerrero coordinadora de la Campaña por el Fondo de los trabajadores excluídos, aseguró que es compromiso del Gobierno estatal ayudar a los presos más vulnerables “para que puedan tener comida en sus estómagos y esperanzas en el corazón”.
“Lo que buscamos es que con estos fondos garanticemos que la gente que ha sido liberada de las cárceles, tenga acceso a ayuda económica y apoyo. Imaginemos por un momento el drama que vive alguien que salió recientemente y que ha intentado buscar trabajo cuando los restaurantes estaban cerrados, al igual que los negocios, y que tiene un récord (criminal)… es muy duro para ellos”, aseguró la activista. “En tiempo de crisis es más duro para ellos y no podemos dejarlos solos sin recibir nada. Tenemos que asegurarnos de que sean incluidos y puedan ser los mejores miembros de la sociedad que quieren ser”.
Guerrero explicó que el llamado es a que se beneficie a presos que fueron liberados en el período comprendido entre seis meses antes del inicio de la pandemia (octubre del 2019) y el final de la pandemia (se espera que sea a finales de este 2021). La líder comunitaria dijo que la premisa es simple: “debe haber programas que ayuden a los reclusos que salen, para volver a ponerse de pie. Ellos ya pagaron sus penas estando encerrados”.
La asambleísta Carmen de la Rosa, promotora del proyecto de ley de ayuda del fondo de $3,500 millones, se mostró confiada en que Albany desembolse recursos para ayudar a los presos en libertad, y dijo que estiman que puedan ser ayudados menos de 50,000 antiguos internos.
“Esta es una obligación moral que tenemos con ellos para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, más en este momento, porque siempre se habla de que cuando muchos presos salen, los ven viviendo en las calles, pero no admiten que es porque no se les da el apoyo que necesitan para poder restablecer sus vidas”, dijo la política de origen dominicano. “Este fondo les daría esa oportunidad. Falta ver qué cantidad nos aprueban y cuáles son las reglas de elegibilidad, que queremos sean flexibles”.
La legisladora del Alto Manhattan explicó que cuando el fondo de ayuda vea la luz, los récord de los reclusos al momento de salir serán el mejor documento de prueba para respaldar desde cuándo deberán recibir el estímulo económico estatal, que dependiendo de lo que se apruebe, pudiera ser cercano a los $3,000.
“Con ese dinero ellos pueden ayudarse a pagar vivienda y comida, y esto también ayudará mayormente a las comunidades negras y latina, pues sabemos que más del 50% de los presos de Nueva York son son negros y latinos“, dijo De la Rosa, advirtiendo que estima que “hay unos 40,000 o 45,000 presos recién liberados (durante la pandemia), sin ingresos, que calificarán para la elegibilidad”, de manera retroactiva desde el 1 de abril de 2020. Los detalles finales de fechas y montos, no se sabrán sino hasta que la ley sea aprobada.
La senadora estatal Jessica Ramos, otra de las impulsoras del fondo de ayuda para los excluídos (presos y trabajadores indocumentados) aseguró que el Estado no puede titubear más sobre el apoyo que debe darle a los reclusos recién liberados.
“Si no les ayudamos en este momento, en este preciso instante y en este presupuesto, ellos quedarían totalmente a la deriva, con pocas o ningunas opciones y pocas oportunidades y no queremos eso. Los presos son una parte que han tenido bastante olvidada y la idea es ayudar a aquellos que estuvieron encarcelados y que tuvieron poco tiempo, poco historial de empleo para poder calificar para beneficios que se ofrecen, como seguro de desempleo y hasta el cheque de estímulo”, dijo la política de Queens. “Queremos ayudarlos a ellos con este fondo y además es una manera de gastar en nuestra economía y poder cubrir sus necesidades. No queremos que lleguen a un lugar en donde no puedan prevalecer ni proveer a sus familias”.
El concejal Antonio Reynoso, de Brooklyn, se sumó al llamado a Albany a que apruebe la legislación de ayuda a los presos liberados y advirtió que si ahora se dejan a un lado, no solo afectará la vida de muchas familias sino que puede darse un repunte en la criminalidad.
“Tenemos que entender que si los presos salen de la cárcel y no tienen trabajo ni como comer ni vivir, a muchos de ellos con eso los ponemos en un lugar donde sienten que tienen que volver a una vida de crimen para poder sostenerse, como única opción”, dijo el joven legislador municipal.
“Si se les da ese dinero y esas ayudas, estos reclusos van a tener una oportunidad de volver a comenzar una vida positiva”, dijo Reynoso. “Estamos hablando de un presupuesto de $200 billones de dólares y estamos pidiendo solo $3,500 millones. Es un asunto de la moral y los principios y ver si realmente tienen intenciones de ayudar a los más vulnerables o si quieren seguir gastando más dinero que cuesta cuidarlos o darles albergue. Con esa ayuda, desde que salen, ellos podrán comenzar una nueva vida”.
La Administración Cuomo se ha mostrado en silencio sobre las exigencias de los manifestantes y los líderes políticos, y como ha venido ocurriendo sobre el llamado a aprobar los $3,500 millones, la oficina del Gobernador no respondió a nuestra solicitud.
El Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria de Nueva York (DOCCS) que maneja las cárceles del Estado, mencionó que esa agencia está ayudando a los reclusos recién salidos de las cárceles, a tener una transición exitosa de regreso a sus comunidades.
“Cada individuo que regresa a su comunidad tiene un plan de tratamiento individualizado. Antes de la fecha de liberación programada, el personal de la instalación de DOCCS entrevista a la persona encarcelada con respecto a la residencia propuesta para su liberación. Esta información se le da a un oficial de libertad condicional que investigará la residencia propuesta o el programa de vivienda para determinar la idoneidad”, aseguró Thomas Mailey, vocero del DOCCS.
El funcionario destacó que el proceso de planificación de reinserción a la sociedad empieza 4 meses antes de la liberación, y dependiendo de las necesidades de cada recluso liberado, se conectan con programas de empleo, vocacionales, educativos, programas de tratamiento por abuso de sustancias y programas de salud mental, e incluso prestan ayuda en asuntos de vivienda.
“En los casos en que la persona no tenga una residencia para proponer, el personal de DOCCS trabaja con los proveedores de vivienda comunitarios locales y el Departamento de Servicios Sociales local para buscar una ubicación de vivienda”, agregó Mailey.
Datos de la propuestas
- $3,500 millones es la suma que exigen para crear un fondo que ayude a reclusos recién salidos de las cárceles y trabajadores indocumentados
- 45,000 presos que han recobrado y recobren su libertad en medio de la pandemia se beneficiarían
Presos liberados desde octubre de 2019 hasta fin de la pandemia se beneficiarían, según las exigencias de los manifestantes - Mayoría de presos en Nueva York son latinos y negros
- $3,000 es un estimado del estímulo económico que pudieran recibir algunos, dependiendo de la elegibilidad que se apruebe y los fondos
