Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. rechazó este miércoles una solicitud del gobierno para retirar una orden que impide las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación del siglo XVIII. La ley, invocada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, permite la deportación de no ciudadanos sin audiencia judicial, lo que ha generado controversia en torno a su aplicación en tiempos recientes.
El panel, compuesto por tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, decidió no bloquear la orden emitida el 15 de marzo por el juez James Boasberg. Esta orden prohíbe temporalmente las deportaciones de venezolanos bajo la mencionada ley, la cual ha sido utilizada por el gobierno de Donald Trump para deportar a cientos de personas bajo la alegación de que la pandilla Tren de Aragua representa una “fuerza invasora”. El Departamento de Justicia apeló la decisión, pero el tribunal mantiene la medida cautelar.
Rechazo a la solicitud del gobierno de retirar la orden
Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett decidieron que la orden del juez Boasberg debía mantenerse, ya que su propósito es mantener el “status quo” hasta que se resuelvan las complejas cuestiones legales que surgen en el caso. Por su parte, el juez Justin Walker, nominado por Trump, emitió una opinión disidente, argumentando que las decisiones judiciales podrían dañar las negociaciones diplomáticas sobre seguridad nacional.
El fallo es considerado un avance importante para la protección de los derechos de los migrantes, ya que asegura que aquellos que enfrentan la deportación puedan impugnar su clasificación como presuntos miembros de pandillas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, aplaudió la decisión como un paso en la lucha por el debido proceso.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y su impacto en las deportaciones
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido criticada por permitir la deportación de inmigrantes sin un proceso judicial adecuado. El juez Boasberg dictaminó que los inmigrantes deben tener la oportunidad de impugnar su designación como miembros de pandillas, debido al “fuerte interés público” en evitar deportaciones erróneas.
