La historia de Ana Julia Quezada, la dominicana condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, vuelve a ocupar titulares en España. Esta vez, por un escándalo carcelario que ha destapado una presunta red de favores sexuales a cambio de privilegios dentro del penal.
Desde su salida de La Vega, República Dominicana, hasta el presente, su nombre ha quedado marcado por una sucesión de tragedias, manipulaciones y controversias que no han dejado indiferente a nadie.
De La Cabuya a Burgos: una historia de migración truncada
Quezada emigró desde La Cabuya, una localidad rural de la provincia de La Vega, en 1991, con tan solo 17 años. Como muchas mujeres jóvenes del Caribe, llegó a España con la esperanza de construir un futuro mejor.
Dejó atrás a su hija pequeña, a quien logró reunir con ella años después en Burgos, ciudad donde residía.
Sin embargo, esa historia de superación se quebró trágicamente en marzo de 1996, cuando su hija Ridelca, de solo cuatro años, falleció al caer desde un séptimo piso.
Aunque el caso fue cerrado como un accidente doméstico, fue reabierto en 2018 tras el asesinato de Gabriel Cruz, al despertar sospechas sobre la verdadera naturaleza de aquel suceso.
Un crimen que conmocionó a toda España
Tras mudarse a Almería, Quezada inició una relación sentimental con Ángel Cruz, padre de Gabriel. El 27 de febrero de 2018, el niño desapareció mientras se dirigía solo a casa de sus primos. Durante los días siguientes, Ana Julia se mostró ante las cámaras como una mujer destrozada, colaborando en la búsqueda.
Pero el 11 de marzo fue detenida con el cuerpo sin vida del niño en el maletero de su coche. Había fingido durante doce días. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos de la última década, y la sociedad española la señaló como símbolo de la traición más cruel. Fue condenada a prisión permanente revisable.
Frustración en la comunidad dominicana
Su crimen no solo generó rechazo en España, sino también en la comunidad dominicana residente en el país, especialmente entre quienes luchan día a día por integrarse y demostrar que su origen no define su moral.
Muchos dominicanos expresaron públicamente su frustración al ver cómo el comportamiento de Quezada ponía en entredicho el esfuerzo colectivo de una diáspora que ha trabajado por décadas para ganarse el respeto de la sociedad española.
«Nos sentimos dolidos y avergonzados, porque no representa los valores de nuestra gente«, comentó un líder comunitario en Madrid.
Escándalo en prisión: sexo por favores
En mayo de 2025, la prisión de Brieva, en Ávila, volvió a poner a Ana Julia en el foco. Una investigación judicial reveló que la interna habría mantenido relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero del penal a cambio de acceso a un teléfono móvil, algo prohibido en cualquier centro penitenciario.
Con ese dispositivo, presuntamente grabó los encuentros íntimos para presionar a la dirección del centro y conseguir un traslado a una prisión en Cataluña.
El móvil no fue encontrado, pero las pruebas documentales y los testimonios de otras internas, personal educativo y su pareja reforzaron las acusaciones. Ambos trabajadores fueron apartados de sus cargos, y Quezada fue trasladada a una celda de aislamiento.
Un documental que nunca vio la luz
Meses antes, otra polémica surgió cuando se supo que una productora estaba preparando un documental sobre el caso con la participación directa de Quezada desde prisión.
La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, alzó la voz para denunciar la intención de lucrarse con el dolor de una familia y logró paralizar el proyecto. Netflix negó estar vinculado, y las conversaciones con la reclusa fueron canceladas por orden de Instituciones Penitenciarias.
Años después del crimen, el nombre de Ana Julia Quezada sigue provocando indignación y tristeza. No solo por el asesinato de un niño inocente, sino por el daño simbólico que ha infligido a una comunidad entera.
Para muchos dominicanos en España, ella no representa su país ni su lucha, sino una mancha dolorosa que quieren dejar atrás.
Mientras la justicia investiga las nuevas acusaciones de corrupción en prisión, el recuerdo de Gabriel sigue presente. Un símbolo de inocencia perdido y de la necesidad de proteger, sin descanso, a los más vulnerables.
Otro capítulo en la historia de horror que protagoniza
Este miércoles 7 de mayo fue acusada por la madre del menor de amenazarla desde la cárcel.
Patricia Ramírez denunció haber recibido amenazas directas desde prisión.
En rueda de prensa, reclamó medidas urgentes para evitar una «revictimización constante» de familias afectadas por este tipo de casos.
