Espaillat, República Dominicana. Un tribunal del Distrito Judicial de Espaillat dictó una condena de 30 años de prisión contra José Ángel Ureña Rodríguez, de 22 años de edad, tras ser hallado culpable del asesinato de su pareja sentimental, Carla Angélica Pérez Durán, de 19 años.
Además de la pena de reclusión, el tribunal ordenó al condenado pagar una indemnización civil de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000) a los familiares de la víctima.
El caso fue investigado por el fiscal Michael Taveras y litigado por los fiscales Luisa Rodríguez, Angélica Castillo, Diego Torres y Cleiry Victorio, quienes presentaron las pruebas ante el Tribunal Colegiado de Espaillat. Dicho tribunal estuvo presidido por el juez Luis Rafael Diloné, junto a los magistrados Rosa Molina y Edisson Castro.
Durante el juicio se comprobó que el crimen ocurrió el 20 de agosto de 2022, cuando Ureña Rodríguez llevó a su novia con engaños hasta el distrito municipal Villa Trina, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.
Una vez en el lugar, el acusado le ocasionó una herida mortal en el cuello con un arma blanca y luego huyó de la escena. La joven fue trasladada a un centro médico de la zona, donde más tarde falleció a causa de la gravedad de la lesión.
Los representantes del Ministerio Público presentaron elementos que evidenciaron de manera contundente la responsabilidad penal de Ureña Rodríguez en el asesinato, logrando demostrar la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio y sus agravantes.
La sentencia también incluye el pago de las costas penales del proceso y el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, ubicado en el municipio de Moca, en la misma provincia.
Este fallo representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana, un país que ha registrado numerosos casos de feminicidios en los últimos años.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, destacando la importancia de aplicar con rigor las sanciones contempladas en la legislación nacional.
