13 de febrero de 2025

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Trump podrá avanzar con plan de indemnizaciones de empleados federales para que renuncien

La Administración de Donald Trump obtuvo luz verde este miércoles para seguir adelante con su programa de indemnizaciones dirigido a empleados federales que opten por renunciar, como parte de su estrategia para reducir el tamaño del Ejecutivo.

La decisión fue tomada por el juez federal George O’Toole, quien rechazó mantener la restricción impuesta previamente sobre la iniciativa.

Según documentos citados por The Washington Post, el magistrado concluyó que los sindicatos que presentaron la demanda no tienen legitimidad para impugnar el programa y que su tribunal carece de jurisdicción sobre el caso.

“Los demandantes no se ven afectados directamente por la directiva. En cambio, alegan que la directiva los somete a efectos previos, como la desviación de recursos para responder a las preguntas de los miembros sobre la directiva, una posible pérdida de membresía y un posible daño a la reputación”, escribió el juez O’Toole.

“Los sindicatos no tienen la participación directa necesaria en la Directiva Fork, pero están impugnando una política que afecta a otros, en concreto a los empleados del poder ejecutivo. Esto no es suficiente”, añadió

El juez denegó cualquier medida cautelar preliminar adicional.

El plan de Trump busca ofrecer compensaciones económicas a los trabajadores del gobierno que acepten dejar sus puestos voluntariamente, en un esfuerzo por disminuir el aparato estatal.

Medios locales aseguran que, según datos de la Casa Blanca, aproximadamente 2,3 millones de empleados federales son elegibles para acogerse a esta opción, y hasta el momento, unos 65,000 ya han aceptado la oferta.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) anunció a finales de enero que las indemnizaciones solo aplicarían para quienes renunciaran antes del 6 de febrero. Sin embargo, la medida excluye a miembros del personal militar, empleados del Servicio Postal y trabajadores de agencias de inmigración y seguridad nacional.

Organizaciones sindicales habían intentado bloquear la medida, argumentando que afectaría la estabilidad laboral y los servicios públicos.