Casi un año de dilaciones por parte de congresistas en Colombia logró frenar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre asuntos medioambientales que prevé garantizar la implementación de los derechos a la información ambiental, participación pública en toma de decisiones de impacto en el área y acceso a la justicia.
El Congreso tenía plazo hasta el 20 de junio para debatir la ratificación del acuerdo, que había sido enviado al órgano legislativo con carácter de urgencia por el presidente Iván Duque. Como no fue discutido, quedó archivado por falta de trámite.
La decisión es particularmente preocupante en un país como Colombia, que el año pasado fue considerado en un informe de la ONG Global Witness como uno de los más peligrosos para ser activista medioambiental, ya que lidera la lista de naciones con mayor número de asesinatos de ambientalistas (64 homicidios en 2019). Como una última carta, la oposición pretende forzar a Duque a radicar nuevamente el acuerdo al Congreso a partir del próximo 20 de julio, cuando iniciará el nuevo período de sesiones parlamentarias.
La urgencia postergada
A mediados del año pasado, el ministro de Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, aseguró que Duque estaba comprometido a «blindar el país con el más robusto marco normativo» en materia de protección ambiental. Por ese motivo, radicó el Acuerdo de Escazú ante el Congreso, reconociendo que fortalecía «el rol de la sociedad civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales».
Las elogiosas palabras del ministro sobre las cualidades del pacto tenían, además, una razón política de peso: su ratificación formaba parte de los compromisos que había suscrito Duque en las conversaciones con los movimientos sociales, en 2019, para tratar de contener el descontento que llevó a la población a las calles en contra de su Gobierno.
«Se conversa y se actúa. Este es uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. La firma del Acuerdo de Escazú nos ayudará a dar un paso cualitativo importante en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente», dijo Duque en esa oportunidad.
Pero a pesar del mensaje de urgencia con que se remitió el proyecto, en casi un año ni siquiera fue sometido a primera discusión. Los parlamentarios del Centro Democrático –el partido de Gobierno– y los gremios empresariales se convirtieron en la principal piedra de tranca para el acuerdo, en un año en que se estima que más de 40 activistas ambientales han sido asesinados.
Cada líder ambiental que sea asesinado a partir de hoy, será responsabilidad de aquellos que teniendo la posibilidad de Ratificar el Acuerdo de Escazú no lo hicieron.#LaCorrupciónMata— César Pachón (@CesarPachonAgro) June 21, 2021
Tanto organizaciones de defensa del ambiente como legisladores de la oposición han anunciado que emprenderán una serie de acciones para presionar a Duque a que presente el proyecto otra vez, con un mensaje de urgencia, y denunciar las maniobras dilatorias sobre un acuerdo que ha sido señalado por sus detractores de comprometer la soberanía jurídica de Colombia.
¿Y ahora qué?
El incumplimiento de la promesa de Duque sobre la ratificación del acuerdo (que entró en vigor en abril de este año) ocurre en un momento delicado, ya que su Gobierno mantiene actualmente otra frágil ronda de conversaciones con el Comité Nacional del Paro, en medio de protestas que han sido reprimidas desde hace meses. Además, la conflictividad social por la desigualdad, el aumento de la pobreza, las dificultades de la implementación del acuerdo de paz y el asesinato sistemático de líderes sociales, no da señales de amainar.
En ese contexto, el senador opositor Iván Cepeda, junto a los legisladores Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, envió la semana pasada una carta ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar que las declaraciones políticas del Gobierno de Duque en favor de robustecer las políticas ambientales, se contradicen con las acciones de su Gobierno en esa materia, y señalar que tanto el presidente como los congresistas de su partido han sido los responsables de «obstaculizar la ratificación» del Acuerdo de Escazú.
Con @AntonioSanguino y @FelicianoValen enviamos carta a la ONU informando las practicas del Gobierno y su bancada que permitieron el archivo del Acuerdo de Escazú, frustrar la prohibición del fracking y autorizar fumigaciones con glifosato. Discurso internacional vs realidad. pic.twitter.com/YqgfEDUBzl— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 22, 2021
La denominada Alianza por el Acuerdo de Escazú emitió por su parte otro comunicado para alentar al Gobierno a presentarlo de nuevo el próximo 20 de julio, cuando inicie el nuevo período legislativo.
«El país tiene una nueva oportunidad para la próxima legislatura», reza el comunicado emitido la semana pasada, que destaca que a pesar de que el proyecto fue interpuesto hace 11 meses, las comisiones del Senado y la Cámara «esperaron hasta el último día» para poner la ratificación en agenda.
La Alianza destaca que el Acuerdo «no representa riesgos para las inversiones» y «no realiza imposiciones jurídicas externas» que pongan en riesgo la soberanía de Colombia en esta materia o que supongan la pérdida de su espacio marítimo, tal como afirmaron los sectores que se oponían a su ratificación.
Medios locales y voces críticas al Gobierno han destacado que la negativa de los congresistas a ratificar el pacto fue también resultado de los lobbys empresariales de Colombia, representados por patronales como Fedegán, la Sociedad de Agricultores, Camacol, Fendipetroleo y la Federación de Cafeteros, que presionaron hasta lograr que se archivara, un poder que pueden ejercer porque han dado fuertes aportes para las campañas del partido oficialista.
¿Cuáles son los puntos claves del Acuerdo de Escazú?
El acuerdo, que fue firmado por 24 países de América Latina (incluida Colombia) y ha sido ratificado por la mitad de ellos, además de ofrecer un marco jurídico para atender, disminuir y prevenir conflictos ambientales en la región, también establece medidas concretas para la protección y defensa de los activistas ambientales.
Entre sus principios rectores más importantes se encuentran:
- El acceso oportuno, comprensible y culturalmente apropiado de la información sobre temas ambientales, en igualdad de condiciones, especialmente para los grupos más vulnerables.
- La promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones que tengan que ver con salud y medio ambiente.
- El acceso a la justicia en los asuntos que involucren al médico ambiente y los derechos humanos.
Sin embargo, si el Gobierno de Duque no lo presenta nuevamente al inicio de la próxima legislatura, su urgente implementación en un contexto de violencias homicidas contra defensores ambientales, quedará definitivamente en suspenso.
