Tallahasse (AP).- El presidente estadounidense Donald Trump visitará el martes un nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida para lo que se prevé sea su inauguración oficial, presentando lo que los críticos dicen será un campamento de prisión improvisado e inhumano y lo que sus simpatizantes consideran un modelo nacional para intensificar enérgicamente las labores de detención y deportación.
Autoridades de Florida se han apresurado a erigir el complejo de tiendas de campaña de alta resistencia, remolques y construcciones temporales en cuestión de días, parte de los empeños contundentes del estado para ayudar a implementar las medidas enérgicas de Trump contra la inmigración.
Apodada “Alcatraz de los caimanes” por funcionarios estatales, la instalación se encuentra en un aeródromo aislado a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste del centro de Miami, y está rodeada de pantanos llenos de mosquitos, pitones y caimanes.
Para el gobernador republicano Ron DeSantis y otros funcionarios estatales, ubicar la instalación en los agrestes y remotos Everglades de Florida tiene el fin de ser un elemento disuasor, y ponerle el nombre de la notoria prisión federal —una fortaleza insular conocida por sus condiciones brutales— pretende enviar un mensaje. Es otro indicio de cómo el gobierno de Trump y sus aliados están apoyándose en tácticas de miedo para tratar de persuadir a las personas que se encuentran en el país sin autorización a que se vayan voluntariamente.
Funcionarios estatales y federales han promocionado los planes en redes sociales y en medios conservadores, compartiendo un meme de un complejo rodeado de alambre de púas y “vigilado” por caimanes que portan sombreros con la leyenda “ICE”, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Partido Republicano de Florida ha recaudado fondos con base en el centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza que llevan su nombre.
“No hay realmente a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido allí, no hay forma de entrar ni de salir”, dijo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una entrevista con el comentarista de medios conservadores Benny Johnson.
Esto es lo que hay que saber.
Trump visitará el martes
DeSantis confirmó el lunes que Trump asistirá a lo que se prevé sea la inauguración oficial de la instalación, que se estima costará 450 millones de dólares al año. Florida asumirá los gastos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se los reembolsará, indicó un funcionario federal.
“Cuando el presidente venga mañana, podrá ver”, les dijo DeSantis a los periodistas. “Creo que para mañana estará listo para funcionar”.
El gobernador, quien desafió infructuosamente a Trump por la nominación presidencial republicana el año pasado, indicó que habló con el mandatario el fin de semana. También dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya aprobó el sitio.
La lejanía de la instalación no ha impedido que cientos de ambientalistas y defensores de los inmigrantes acudan a protestar por lo que dicen es una cruel estratagema política que amenazará los valiosos humedales, los cuales son ecológicamente frágiles.
Funcionarios estatales dicen que la instalación, que a la larga podría albergar a 5.000 detenidos, es crucial para respaldar los planes de deportación masiva de Trump, que ha establecido un récor de detenciones, las cuales sumaron más de 56.000 inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.
Florida está recurriendo a poderes de emergencia para construir el sitio
Las autoridades estatales han confiscado el terreno valiéndose de poderes de emergencia, amparándose en una orden ejecutiva emitida hace años por DeSantis durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden, con la que se pretendía responder a lo que el gobernador llamó una crisis causada por la inmigración ilegal.
Amparándose en la orden de emergencia, el estado ha acelerado el proyecto, eludiendo leyes y regulaciones en lo que los críticos consideran un abuso de poder.
La orden otorga amplia autoridad al director de manejo de emergencias del estado, Kevin Guthrie, incluida la facultad de suspender “cualquier estatuto, regla u orden” que se considere ralentice la respuesta a la emergencia, y la capacidad de colocar a personal policial selecto de todo el estado bajo su “mando y coordinación directos”.
“El gobernador DeSantis ha insistido en que el estado de Florida, bajo su liderazgo, le facilitará al gobierno federal la aplicación de la ley de inmigración”, declaró un portavoz de DeSantis en un comunicado.
“Florida continuará siendo líder en la aplicación de la ley de inmigración”, agregó.
Ambientalistas y defensores de los inmigrantes protestan
Se prevé que manifestantes se reúnan en el sitio nuevamente el martes, ante lo cual una destacada líder indígena exhortó a la no violencia.
“Aquellos que planean presentarse mañana buscando causar caos, violencia y/o cualquier tipo de acción que vaya a herir o dañar a otros, no son bienvenidos”, publicó el lunes en redes sociales Betty Osceola, miembro de la tribu mikasuki. “Los mikasuki y los seminolas viven aquí; tendrán que vivir con las consecuencias de las acciones de ustedes”.
Cientos de defensores de los inmigrantes, activistas ambientales y estadounidenses nativos que defienden sus tierras ancestrales se colocaron el sábado a las orillas de la carretera, cerca de la pista de aterrizaje.
Mientras camiones de volteo que transportaban materiales de construcción se dirigían al aeródromo, los manifestantes agitaban carteles en los que pedían la protección de la extensa reserva. Los autos que pasaban tocaban la bocina en señal de apoyo.
En la Reserva Nacional del Gran Ciprés, donde se encuentra la pista de aterrizaje, existen 15 aldeas tradicionales de los mikasuki y los seminolas, al igual que cementerios y sitios ceremoniales.
Las preocupaciones sobre los impactos ambientales también han estado en primer plano, ante lo cual el Center for Biological Diversity y Friends of the Everglades —dos organismos ambientalistas— interpusieron una demanda el viernes para detener el plan del centro de detención.
El DHS respalda la iniciativa
La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha aplaudido las labores y la “asociación” de la agencia con Florida.
Con la instalación se pretende ayudar al gobierno de Trump a alcanzar su objetivo de tener cuando menos 100.000 camas para detener a migrantes, lo que más que duplicaría sus 41.000 camas existentes.
Un proyecto de ley de recorte de impuestos y conciliación presupuestaria aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes federal incluye 45 mil millones de dólares durante cuatro años para la detención de inmigrantes, lo cual triplica el incremento en el gasto. Ahora el Senado está sopesando dicha legislación.
Un funcionario federal indicó que los inmigrantes arrestados por agentes policiales de Florida bajo el programa federal 287 (g) serán retenidos en la instalación, al igual que los inmigrantes que están bajo la custodia del ICE.
