La salud mental de los neoyorquinos ha sido duramente afectada por la pandemia del COVID-19, agravando la preocupante situación que ya se venía registrando en la Gran Manzana con consecuencias lamentables, como el caso del joven Rigoberto López, quien la semana pasada asesinó con un cuchillo a dos personas en el Subway, y procedimientos criticados de atención de oficiales del NYPD a emergencias mentales, que en los últimos seis años han dejado 16 personas muertas.
Por ello, el Concejo Municipal actualmente está promoviendo un paquete de tres leyes que busca hacerle frente a la crisis de salud mental de Nueva York y mejorar las acciones de respuesta cuando se presentan emergencias en pacientes con condiciones mentales y emocionales.
Así lo mencionó este lunes la concejal de Manhattan Diana Ayala, quien promovió una audiencia virtual con miembros del Comité de Salud Mental, Discapacidades y Adicciones del Concejo Municipal, para escuchar a miembros de la comunidad, activistas y expertos en manejos de casos de pacientes mentales.
En la audiencia, que duró varias horas, se analizó una iniciativa que busca crear una oficina de salud mental comunitaria, y establecer un protocolo de respuesta a emergencias de salud mental para responder dentro de los 30 minutos siguientes a recibir una llamada.
Dicho proyecto exige además identificar brechas en la provisión de salud mental, coordinar el trabajo entre agencias de la Ciudad y organizaciones comunitarias y proveedores de salud mental, y de manera especial, entrenar a todas las agencias sobre protocolos de respuesta de emergencia de salud mental. En este aspecto se exige que el NYPD y la Oficina de Salud Mental Comunitaria, capacite a todos los miembros del servicio, operadores de llamadas del 911 y nuevos reclutas de la Academia Policial, sobre protocolos de respuesta ante emergencias de salud mental.
Piden alejar al NYPD de estos casos
A pesar de que los testimonios de los expertos y activistas destacaron las buenas intenciones del Concejo Municipal al abordar la crisis de atención de emergencias de casos de salud mental en la ciudad, la mayoría criticó que se de un plazo de media hora para atenderlas, lo que consideraron muy elevado, y coincidieron en que los uniformados del NYPD deben ser sacados del grupo de respuesta de este tipo de situaciones.
“Por mucho tiempo en la ciudad el envolvimiento de la Policía en la atención de estas emergencias ha dejado consecuencias desastrosas”, dijo Joyce Kendrick, de la organización Brooklyn Defender Services, quien pidió que se revisen los proyectos propuestos y se haga claridad sobre el no involucramiento del NYPD en respuesta a asuntos de emergencias mentales. ¿Qué pasa si el NYPD responde inapropiadamente o escala la situación?”.
Cal Hedigan, directora de Community Access, que vela por ayuda a personas con problemas de salud mental, pidió que las iniciativas de ley sirvan realmente a “corregir la crisis en la intervención” de la policía en emergencias de salud mental.
“No va a ser suficiente sacar a la Policía, porque cualquier cosa se puede definir como asunto de seguridad pública (y allí van a intervenir)”, dijo la activista pidiendo aclarar ese punto, al igual que la necesidad de que la reforma de salud mental incorpore a expertos que sepan del tema y “puedan ayudar a transformar verdaderamente como la ciudad responde a la crisis de emergencias de salud mental”.
Línea directa de emergencia de salud mental
Otro de los proyectos de ley que se está impulsando en el seno del organismo legislativo de la Ciudad es el promovido por el defensor del pueblo Jumaane Williams, que busca crear una línea directa de emergencia de salud mental de tres dígitos, fáciles de recordar y capacitar a los operadores de llamadas en el protocolo de respuesta a emergencias de salud mental.
En su testimonio, el Defensor del Pueblo abogó por crear la línea (988), que ayudaría a garantizar que las crisis de salud mental sean atendidas por profesionales de la salud, en lugar de la policía con el 911.
“La salud mental no debe verse ni responderse como una amenaza pública no tratada”, dijo Williams. “Espero que a través de nuestro proceso legislativo, podamos crear colectivamente una respuesta a la crisis en la que las personas que viven con un diagnóstico de salud mental se sientan seguras en sus comunidades y sepan que recibirán la atención adecuada que necesitan. También espero que podamos llevar la sanación a las familias que han experimentado una pérdida o algún trauma como resultado del sistema que tenemos ahora”.
El Defensor destacó que en los últimos seis años, al menos dieciséis personas que atravesaban una crisis de salud mental murieron a manos de agentes de la Policía de Nueva York, de las cuales 14 eran personas de color, como Deborah Danner, Mohamed Bah, Saheed Vassell, Dwayne Jeune y Kawaski Trawick..
La constante entre los asistentes a la audiencia es que se elimine a la Policía de la atención de las emergencias mentales reportadas, pues incluso temiendo que llamar al 911 genere una acción policial agresiva, está haciendo ahora que muchos familiares de pacientes con condicciones mentales y emocionales en crisis no llamen por temor.
Interrogados sobre los proyectos de ley y las quejas de los activistas sobre la falta de manejo apropiado del NYPD sobre las emergencias de casos mentales, la Uniformada respondió que están prestos a los cambios que haya en beneficio de las personas con condiciones mentales.
“Estamos trabajando con ThriveNYC (programa de salud mental) en este piloto para asegurarnos de que la agencia apropiada responda a las personas en crisis de salud mental”, dijo el sargento Edward D. Riley.
Al final de la audiencia, tras oír las críticas hacia su iniciativa de ley, la concejal Ayala aclaró que la meta de su proyecto es alejar a la Policía de las labores de respuesta de urgencias mentales, pero advirtió que al poder aparecer agentes en escena, deben estar entrenados.
“El intento de la ley es remover al NYPD del impacto en la comunidad (al atender emergencias de salud mental) (…) pero nosotros no controlamos quien responde primero a (una escena)”, dijo la concejal. “Quisiéramos que al llamar al 911 llegue primero los expertos de salud, pero eso no pasa, entonces queremos clarificar esos roles. Quitar al NYPD de esas emergencias, pero si aparecen que respondan apropiadamente y que estén entrenados. No tenemos intenciones de aprobar una ley hasta que no se haga bien”.
En la audiencia también se mencionó con preocupación que mientras más suben los casos de salud mental, disminuyen los recursos de tratamiento y ayuda para organizaciones sin fines de lucro.
La Coalición para la Salud del Comportamiento pidió al Estado que proporcione fondos adicionales para hacer frente a la problemática, pues el COVID hizo que las agencias de salud conductual tuvieran un aumento del 77% en la demanda y perdieron más de $521,000 en recursos.
El reporte dijo que las más de 100 agencias de salud conductual comunitarias sin fines de lucro, que velan por 600,000 neoyorquinos, necesitan más apoyo.
Proyecto de Ley 2210-2021
- Esta iniciativa de la concejal Diana Ayala, busca crear una oficina de salud mental comunitaria, y establecer un protocolo de respuesta a emergencias de salud mental para responder dentro de los 30 minutos siguientes a recibir una llamada.
- Además exige identificar brechas en la provisión de salud mental, coordinar el trabajo entre agencias de la Ciudad y organizaciones comunitarias y proveedores de salud mental.
- También requiere entrenar a todas las agencias sobre protocolos de respuesta de emergencia de salud mental exigiendo que el NYPD y la Oficina de Salud Mental Comunitaria, capacite a todos los miembros del servicio, operadores de llamadas del 911 y nuevos reclutas de la academia policial, sobre protocolos de respuesta ante emergencias de salud mental.
- La Oficina especial deberá presentar un informe mensual y anual de las llamadas que recibe y el manejo que se les dio.
Proyecto 2222-2021
- Esta iniciativa de ley del Defensor del Pueblo buscar crear una línea directa de emergencia de salud mental de tres dígitos, fáciles de recordar, y exige capacitar a los operadores de llamadas en el protocolo de respuesta a emergencias de salud mental. Asimismo, ordena la promoción de actividades de divulgación y educación públicas mediante la publicidad de la línea directa.
