Los representantes de Alianza Ciudadana y la Red de Rendición de Cuentas (RRC), Los abogados Eddy De Gracia y Evelyn Torres, notificaron que depsitaron ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), un expediente contra el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo por supuestas irregularidades en proyecto del Hotel Barahona Beach Resort.
Castillo fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de este año.
Explicaron que Alianza Ciudadana anunció la activación de la RRC, una iniciativa de sociedad civil que asumirá una serie de acciones procesales con el fin de esclarecer casos de corrupción en la administración pública.
En el comunicado de prensa, los abogados dicen que en el inmueble hotel Barahona Beach Resort, el exministro y excandidato presidencial peledeísta levanta el hotel “Perla del Sur”, en las inmediaciones de La Ciénaga, comunidad costera de Barahona.
Aseguran que en la operación se violó el ordenamiento jurídico, por lo que pedirán al procurador Wilson Camacho que abra una investigación y someta a la justicia a Castillo por los delitos de prevaricación, concusión de funcionarios públicos, cohecho y abuso de confianza.
En ese tenor, los juristas plantean que Castillo incurrió en la violación de los artículos 166, 174, 177 y 405 del Código Penal Dominicano.
Explican el proyecto “Perla del Sur”
De acuerdo con la RRC, el proyecto del hotel “Perla del Sur” se originó en el año 2013 cuando el entonces ministro de Obras Públicas adquirió mediante un préstamo de 91 millones de pesos, vía el Banco de Reservas, el antiguo Hotel Barahona Beach Resort. El precio fue pagado en efectivo 16 millones y los restantes 75 fueron financiados a diez años a una tasa “muy asequible”.
La compra del hotel en Barahona la hizo Gonzalo Castillo en condición de funcionario en el primer trimestre del 2013 a través de la empresa Perla del Sur Investment Group. Señalan que formó ese grupo económico junto a Sadhalá Khoury, ligado al mundo de la construcción; Pablo Portes, de GB Energy; y Rafael Méndez Risk, del sector farmacéutico, entre otras personas.
Las dos entidades que representan los abogados sostienen que Castillo violó también la Ley 41-08, de Función Pública, que prohíbe ese tipo de transacciones de funcionarios con instituciones estatales.
Aseguran que el exministro ocultó esa propiedad en sus últimas declaraciones juradas de patrimonio, en el 2016 y en el 2019.
Como antecedentes, citan que BanReservas le había embargado la edificación de 110 habitaciones al grupo hotelero español Barceló por no cumplir una deuda con el citado banco, y desde el 2003 estaba cerrado.
Además, que el préstamo se hizo a nombre de la Constructora Castillo López, empresa de su propiedad y que administra su hijo, Gonzalo Alexander Castillo López.
Expresan que Gonzalo Castillo había dicho anteriormente que la compra que hizo en el 2013 la realizó mediante un traspaso de préstamo con el Banco Popular. Sin embargo, en su declaración jurada del 2016 no aparece consignada esa deuda con ese banco. Acento
